El príncipe pide transparencia sobre la gestión de dinero público mientras el rey oculta su patrimonio

El príncipe de Asturias ha pedido una acción política basada en el buen gobierno y el acceso de los ciudadanos a la información sobre cómo se manejan los fondos públicos y se adoptan las decisiones que les afectan, defendiendo así la nueva Ley de Transparencia.

Felipe se ha expresado así durante unas jornadas sobre "Contabilidad, transparencia y responsabilidades públicas" organizadas por la Intervención General de la Administración del Estado en la Casa de la Moneda, donde ha destacado la "gran relevancia" de estas cuestiones, "especialmente -ha recalcado- en los tiempos que vivimos".

En este contexto, ha afirmado que el preámbulo de la nueva Ley de Transparencia refleja "muy acertadamente" el sentir de "todos los ciudadanos" españoles cuando sostiene que "la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política".

"Sólo cuando la acción de los responsables políticos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterio actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder" a las demandas de la sociedad, continúa el texto que ha hecho suyo.

Hasta 2011 no se conoció la asignación de fondos públicos destinado a la Casa Real

Sin embargo, el patrimonio de la Casa Real ha sido la incógnita para todos los españoles, que han tenido que esperar 32 años, hasta 2011, para conocer la asignación de los Presupuestos Generales del Estado para la familia que ocupa el palacio de la Zarzuela.

Pese a la petición de transparencia en las cuentas públicas, Felipe de Borbón no ha pedido -al menos públicamente- a su padre, el rey Juan Carlos I, que le explique a los españoles si recibió 2,25 millones de euros como herencia de su padre, Juan de Borbón, tal y como publicó el diario El Mundo el pasado septiembre.

Ni si quiera el Ministerio de Hacienda, a cargo del Gobierno que promovió la nueva Ley de Transparencia, aportó datos sobre esta cuestión, y menos aún sobre si esta supuesta herencia está depositada en cuentas de bancos suizos.

Lo que ha defendido el heredero al trono es una ley que no afectará a su familia, ya que la Casa Real "no es una administración pública", como ya explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría durante la presentación de este proyecto de Ley.

En el marco de estas jornadas y del 140 aniversario de la Intervención General del Estado, el heredero de la Corona -acompañado por la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás-, ha entregado diplomas de honor a una quincena de miembros de este órgano de control que han ejercido responsabilidades como ministros o secretarios de Estado.

En sus palabras, Felipe de Borbón ha dado la enhorabuena a todos ellos y a sus colaboradores en este órgano de control interno del sector público estatal, a quienes ha agradecido su "labor ejemplar" y ha animado a "continuar velando por la adecuada gestión de los recursos públicos".

A continuación, el príncipe ha asistido a una conferencia pronunciada por el expresidente del Tribunal Constitucional Álvaro Rodríguez Bereijo, quien contribuyó en su día a su propia formación académica como catedrático de Derecho Financiero y Tributario.

En su intervención, Rodríguez Bereijo ha alertado de que la pervivencia del Estado social y democrático peligra cuando hay un elevado endeudamiento público derivado de gestiones irresponsables y ha advertido asimismo de que las malversaciones de fondos públicos y las prácticas de fraude fiscal traen siempre como consecuencia aumentos de la deuda y nuevos o mayores impuestos.