El presidente gallego, entre las palabras y los hechos Así se "forra" la Xunta de Feijóo: rebajas fiscales para los más ricos y un aumento del 226% en la deuda pública gallega

Si se utiliza la misma terminología conceptual que la que él emplea, el Gobierno que preside en Galicia Alberto Núñez Feijóo lleva años forrándose literalmente con los tributos de titularidad autonómica que gravan la actividad social y económica de los gallegos y las gallegas.

Según la Axencia Tributaria de Galicia (ATG), son una decena, entre ellos los impuestos sobre transmisiones patrimoniales, sobre los actos jurídicos documentados, de sucesiones y donaciones, sobre el patrimonio; el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas; el canon eólico; los tributos sobre el juego...

Durante el año 2020, según los últimos datos disponibles, la ATG recaudó impuestos por valor de 540,5 millones de euros. Fue un 9% menos que en el 2019, a causa de la crisis derivada de la emergencia sanitaria. A eso hay que sumar lo que ingresa por impuestos estatales que luego se transfieren a Galicia, como el 100% del impuesto especial sobre la electricidad y el 58% del impuesto especial sobre hidrocarburos. Sólo en los diez primeros meses del 2021, la recaudación fiscal en Galicia ascendió a 6.793,5 millones de euros, un 14,6% más que en el 2020. El equivalente a más de 2.500 euros por habitante.

Es probable que este año la Xunta baje la recaudación porque, pese a la crisis, Feijóo ha decretado una rebaja fiscal en los impuestos y tramos de competencia autonómica que beneficia sobre todo a quienes más tienen, bonificando un 25% el impuesto sobre el patrimonio, que ya tenía un mínimo exento de 700.000 euros, y las declaraciones de la renta con base liquidable superior a 27.700 euros. El salario medio en Galicia en el 2020 fue de 19.900 euros, según la Agencia Española de Administración Tributaria, y la pensión media, según la Seguridad Social, fue de 925,24 euros al mes en febrero. La segunda más baja de todo el Estado después de Extremadura.

Las declaraciones de Feijóo asegurando que el Gobierno español "se está forrando" con los impuestos sobre la luz y las gasolinas han indignado a la oposición . La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, del PSOE, recordó que los impuestos sirven al Ejecutivo central "para hacer política social, igual que la Xunta", y que utilizar ese argumento en la campaña de primarias de un partido supone "cruzar el límite". La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, lamentó por su parte que Feijóo siga de gira electoral en plena crisis de precios y aseguró que Galicia "no se merece" a un presidente más "ocupado en resolver los líos internos del Partido Popular que de resolver los problemas de los gallegos y las gallegas".

Lo cierto es que si aceptamos que los Gobiernos se forran cuando ingresan fondos para cubrir sus necesidades de gasto, hay que aceptar también que el de Feijóo se ha forrado especialmente endeudando a la Administración autonómica. Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), la deuda de la comunidad ha crecido un 226% desde que él accedió a la Xunta. De los 4.453,8 millones de euros del segundo trimestre del 2009 -Feijóo tomó posesión en abril de ese año- ha pasado a 11.259,4 millones en el tercer trimestre del 2021. Es decir, del 7,9% a más del 18,5% del PIB de la comunidad. 

Los impuestos y el endeudamiento, sin embargo, no han servido para mejorar servicios púbicos esenciales como la educación y la sanidad, que han visto cómo entre el 2009 y el 2021 se eliminaban el 10% de las camas de hospital y se cerraban el 10% de los centros escolares en Galicia, o los cuidados: en la comunidad no se construye una residencia pública de mayores desde el 2008,  el 80% de las plazas públicas están gestionadas por empresas privadas y los servicios de atención en el hogar los pagan los ayuntamientos.

Sanidad, educación y política social son competencias exclusivas de la Xunta, pero el Ejecutivo de Feijóo suele forrar su discurso con reproches al Gobierno central y a la oposición para derivar sus responsabilidades y culpar a otros de los problemas causados por los recortes y la falta de inversiones.

Durante el primer curso escolar de la pandemia tras el confinamiento, vicepresidentes y conselleiros autonómicos llegaron a asegurar que la falta de medios para aplicar las restricciones por el covid en los colegios era culpa del Gobierno, y que las muertes masivas de ancianos en las residencias eran culpa de la vicepresidencia de Asuntos Sociales que entonces ocupaba Pablo Iglesias.

El propio Feijóo, cuyo Gobierno lleva lustros contratando médicas y enfermeros por semanas e incluso días, culpó al Ejecutivo de Sánchez de la falta de profesionales sanitarios y del caos en la atención primaria, cuya gestión compete en exclusiva a la Xunta y bajo cuyo mandato ha visto reducido su presupuesto en un 20%.

Para Feijóo, que ha sido capaz de culpar al PSOE de que su partido pactara con Vox la entrada de la ultraderecha en el Gobierno de Castilla y León, la estrategia de responsabilizar a los demás de sus propios fracasos y de sus decisiones polémicas ha sido la tónica habitual de su gestión en Galicia.

A principios de este año dijo que si la multinacional Alcoa había decidido abandonar la producción de acero en la planta de San Cibrao (Lugo) era por la "falta de planificación" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y no por la del suyo en Galicia. El artículo 30 del Estatuto de Galicia dice, literamente, que "corresponde a la comunidad autónoma gallega (...) la competencia exclusiva de las siguientes materias: Uno. Fomento y planificación económica en Galicia. Dos. Industria".

Eso también sirve para el cierre de la central térmica de Endesa en As Pontes de García Rodríguez. Mientras Feijóo reía las gracias de Rajoy sobre su primo negacionista del cambio climático, la UE avanzaba en la descarbonización. Trece años después de la llegada de Feijóo, la planta de Endesa ha cerrado dejando a 1.500 familias en la calle, entre empleos directos e indirectos destruidos, sin que la Xunta hubiera ideado alternativa alguna.

Feijóo ha insinuado en varias ocasiones que la culpa de que se fuera de vacaciones con un narcotraficante y de que le fotografiaran tomando el sol en su yate no era suya, sino de quienes no le advirtieron de que Marcial Dorado se dedicaba a lo que se dedicaba y de que había decenas de portadas y telediarios que habían recogido su procesamiento en las operaciones más sonadas contra el contrabando y el tráfico de drogas.

La estrategia de forrar el discurso de mentiras y medias verdades a Feijóo parece que le sigue funcionando. El mes pasado volvió a culpar al Gobierno de que Galicia perdiera el 30% de las ayudas a la hostelería por la crisis sanitaria, cuando era precisamente el Ejecutivo central el que las financiaba para que la Xunta sólo tuviera que gestionar su concesión y distribución. También criticó que el reparto de fondos Next Generation de la UE discriminaba a Galicia, cuando su propia Administración ha dejado sin ejecutar cerca de 600 millones de euros del período anterior.

Este mismo miércoles, la conselleira do Mar de la Xunta, Rosa Quintana, ha reclamado al Gobierno "medidas fiscales" para paliar las consecuencias de la subida de precios de los carburantes, que ha dejado a la flota amarrada a puerto y a las lonjas y mercados, sin pescado fresco. Sucede que el gasóleo para pesca está exento de impuestos en toda España, y que lo que reclaman los pescadores son ayudas directas a quien tiene competencias en la materia. Es decir, al Gobierno de Feijóo.