El presidente del gestor aeroportuario BAA -propiedad del grupo español Ferrovial-, Nigel Rudd, permaneció detenido de forma breve la semana pasada en EEUU por su relación con el presunto caso de corrupción del fabricante de armamento BAE Systems, según publica hoy la prensa británica.

Ruud, que también es vicepresidente de Barclays Bank, fue detenido el pasado lunes por Departamento de Justicia de Estados Unidos al aterrizar en el aeropuerto de Houston.

El presidente de BAA fue detenido junto al consejero delegado de BAE, Mike Turner, al que se le revisó el contenido de un ordenador portátil y de un agenda electrónica.

El Departamento de Justicia estadounidense está llevando a cabo una investigación sobre el supuesto pago de sobornos por parte de la compañía durante la década de los 80 y 90 para que Arabia Saudí le concediera el contrato de armas Al Yamamah, por un importe de 43.000 millones de libras (53.955 millones de euros).

A su llegada al aeropuerto, Ruud, que se incorporó al grupo armamentístico en septiembre de 2006, fue interrogado sobre el caso durante unos treinta minutos.

Asimismo, las autoridades estadounidenses emitieron una citación judicial para que se presente de nuevo a prestar declaración en próximas fechas.

Junto a Turner y Ruud, tres ejecutivos de la división estadounidense del grupo, de los que no se conoce el nombre, recibieron la semana pasada en sus domicilios una citación similar.

BAE confirmó que, como parte de su investigación, las autoridades estadounidenses han emitido varias citaciones para varios de sus trabajadores.

Un portavoz del Ministerio de Interior británico confirmó también que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le ha solicitado información que puede ayudar en su investigación.

La investigación de parte de Estados Unidos no es la única relativa a este caso que ha sufrido BAE, el tercer mayor fabricante de armas del mundo.

En 2006, la Oficina contra el Fraude del Reino Unido interrumpió una investigación a petición del entonces primer ministro, Tony Blair, que argumentó que el Gobierno saudí había amenazado con retirar su cooperación en materia de terrorismo.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Londres dictaminó el pasado abril, en respuesta a una demanda presentada por dos organizaciones contra el comercio de armas, que esa decisión, fundamentada de esa manera, fue ilegal, aunque no pidió a la oficina antifraude que reabriera el caso.