El PP pone en duda los estatutos que apoyó

El Partido Popular añadió ayer más leña al fuego de la sentencia del Tribunal del Constitucional (TC) sobre el Estatut de Catalunya. Lo hizo por medio de su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, quien aseguró que si el fallo sobre el texto catalán demuestra que algún precepto es inconstitucional, esta decisión debería ser extrapolable al resto de estatutos de autonomía con artículos similares.

"La anticonstitucionalidad de un precepto del Estatuto catalán puede conllevar la anticonstitucionalidad de otros estatutos donde pudiera estar el mismo precepto", expresó González Pons en declaraciones a Los Desayunos de TVE. Con esta tesis, el partido de Mariano Rajoy pone ahora en el punto de mira cinco estatutos Andalucía, Illes Balears, Aragón, País Valenciano y Castilla-La Mancha a los que, en su día, no tuvo reparo en dar el visto bueno. En estos textos figuran artículos muy similares, algunos incluso calcados, a los recurridos por los conservadores en el caso del Estatut.

Concretamente, según un informe de la Generalitat catalana, Andalucía, Illes Balears, Aragón y el País Valenciano tienen en vigor estatutos con 95 artículos que para Catalunya están ante el Alto Tribunal por supuesta inconstitucionalidad (ver la información). Entonces, ¿por qué no ha actuado el PP de la misma manera a la hora de abordar el resto de textos que a la hora de enfrentarse al catalán? El vicesecretario de Comunicación de los conservadores fue el encargado de explicar esta contradicción: "El Partido Popular recurre este Estatuto y no otros porque en este no hay un consenso entre PP y PSOE que sí existe en otros".

Los conservadores de las autonomías afectadas reclaman "prudencia"

Precisamente al "consenso básico" entre los dos principales partidos se refería Mariano Rajoy en noviembre de 2006, cuando el Congreso daba luz verde al nuevo Estatuto de Andalucía. Pero el líder del PP también precisó que se trataba de "un buen Estatuto para Andalucía" e "inequívocamente constitucional".

Cuestionadas ayer las direcciones regionales del PP de las comunidades cuyos estatutos podrían verse afectados por la sentencia del Alto Tribunal sobre el catalán, la respuesta fue unánime: "Todavía no hay fallo sobre el Estatut y es muy pronto para aventurarse a sacar conclusiones".

Desde el PP de Baleares, la diputada María Salom se mostró partidaria de "no adelantar acontecimientos" hasta que la sentencia del TC sobre el Estatut sea una realidad. "Una vez llegado este momento, se verá si tiene algún tipo de consecuencias para el nuestro. Pero ahora hay que seguir esperando", precisó.

No obstante, en una línea muy similar a la mantenida por González Pons, la diputada del PP por Illes Balears consideró que "el principal problema del Estatut es de origen", en alusión a que salió adelante sin el consenso de los dos principales partidos.

En el PP andaluz prefirieron no valorar las declaraciones de Pons, entre otros asuntos porque el vicesecretario de Comunicación del PP no se había referido a los textos concretos a los que podría afectar la sentencia sobre el Estatuto de Catalunya.

Pons se ampara en el "consenso" para explicar el apoyo que el PP dio a los textos

Mientras, desde la Comunitat Valenciana fueron muy insistentes, pese a las evidencias en sentido contrario, en la idea de que "en principio", en el texto de esta autonomía no hay ningún artículo similar a los impugnados del texto catalán.

González Pons aseguró que el Constitucional "debería haber emitido esta sentencia hace años, no hace meses". No obstante, como viene repitiendo su formación, insistió en que el PP "acatará, en todo caso, la sentencia" del TC, "como ha hecho siempre".

Además, lamentó la presión que "se está ejerciendo para que el Tribunal decida en un determinado sentido". "Desde algunos sectores, lo que se está cuestionando no es si el Estatut es constitucional, sino si la Constitución es estatutaria", argumentó.

Por último, Pons rechazó la idea de que su partido haya bloqueado la renovación del Constitucional y señaló que, al proponer en todas las comunidades a los mismos dos magistrados, sólo se ha utilizado "el procedimiento previsto en la ley para la renovación del Tribunal".