El PP va a reclamar el próximos jueves en el pleno del Parlamento andaluz la "dimisión" del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, por haber "mentido" en el Congreso sobre la subvención concedida a la empresa MATSA, donde trabaja su hija, cuando aún era presidente de la Junta de Andalucía.
En rueda de prensa, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha señalado que ha quedado demostrado que Chaves "mintió" cuando afirmó en junio pasado que su hija no tuvo participación alguna en la ayuda a la empresa MATSA, algo que ha quedado "probado" con una información aparecida ayer en el diario "El Mundo".
Según se recoge en esta información, Francisco Javier López Rubio, el apoderado que formalizó ante la Junta y en nombre de MATSA la petición del incentivo, reconoce que trabajó con Paula Chaves, hija del vicepresidente tercero del Gobierno, durante toda la tramitación del expediente.
Por este motivo, el PP ha registrado, con carácter "urgente", una pregunta oral en el pleno del Parlamento para que Gobierno andaluz se pronuncie sobre este asunto, ya que, en opinión de Sanz, las palabras del apoderado "vienen a demostrar que la iniciativa del PP de interponer una querella no se fundamentaba en una sospecha".
Sanz ha anunciado que el PP va a solicitar que la querella presentada contra Chaves ante el Tribunal Supremo (TS) se amplíe con esta declaración del apoderado, por considerar este testimonio da "peso y fortaleza" tanto a la misma como al recurso presentado por los populares ante lo contencioso-administrativo del TSJA.
Tras subrayar que en un país con una "democracia normal" Chaves ya habría dimitido, el dirigente del PP ha indicado que este ha dejado ya de ser un problema para el propio ex presidente de la Junta para convertirse en un problema para el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al mantenerle en su cargo.
A Antonio Sanz le ha parecido "lógico" que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el propio Chaves no hayan puesto fecha exacta al congreso extraordinario del PSOE, ya que, a su juicio, éste podría tener que celebrarse antes de lo previsto debido a la "repercusión política" que pueda adquirir el caso MATSA.
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