La posibilidad que tienen las autonomías de modular algunos impuestos hace que haya diferencias entre ellas; en ocasiones, bastante notables. Un análisis sobre el uso real de ese margen de maniobra demuestra claramente cómo las rentas más altas tributan menos allí donde gobierna el PP.

Destaca el caso de la Comunidad de Madrid, en la que el ahorro puede llegar al 7% sólo por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Un contribuyente madrileño con 300.000 euros de ingresos brutos anuales tiene que pagar a Hacienda 133.569, frente a los 143.290 que le exigirían en Andalucía.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con las rentas más bajas, pese a que el PP se dice partidario de aliviar la fiscalidad que pesa sobre la clase media. La diferencia entre Madrid y Andalucía -los dos extremos- en la tributación por IRPF no llega al 3% para unos ingresos anuales de 45.000 euros.

En términos absolutos, el beneficio de residir en la Comunidad de Madrid es de 9.721 euros en el primer caso y de sólo 247 en el segundo. Si el declarante percibe 600.000 euros, el ahorro supera ya los 23.000, según un informe realizado por el Consejo General de Economistas con datos correspondientes a 2013.

Este benévolo tratamiento a las rentas más altas no es exclusivo de Madrid, sino que se extiende a todos los territorios gobernados por el PP. La Rioja, Aragón, Baleares, las dos Castillas, Galicia, la Comunidad Valenciana, Murcia o Extremadura también las favorecen en mayor o menor medida, aprovechando las opciones que les concede la ley.

En el IRPF, las regiones tienen capacidad normativa sobre los mínimos familiar y personal, pueden aplicar su propia escala para el tramo autonómico con la única condición de que sea progresiva, y establecen deducciones (inversión empresarial, alquiler de vivienda...) si lo consideran conveniente. Pero no sólo en el IRPF marca la diferencia el PP. En Madrid no aplica el Impuesto del Patrimonio, que afecta sobre todo a los ricos, y en el resto de las comunidades tiene fijados tipos mínimos, salvo Galicia y Extremadura, región esta última donde los populares necesitan el apoyo parlamentario de IU.

Como consecuencia de ello, un contribuyente con propiedades valoradas en cuatro millones de euros paga a 36.546 al año por el Impuesto sobre el Patrimonio en Aragón, Castilla-La Mancha o La Rioja, lo que supone casi 8.000 euros menos que en Andalucía.

La dispersión es mayor en el caso de las herencias, pero el denominador común en las autonomías del PP es similar, con alguna honrosa excepción: un soltero de treinta años que reciba 800.000 euros tributaría por Sucesiones 1.586 euros en Madrid, 8.000 en Baleares o 55.000 en Galicia, frente a los más de 160.000 de Andalucía o Asturias, ambas en manos del PSOE.