Ni la huelga de togas en protesta por la situación de la Administración de Justicia ni la manifestación de sotanas contra la reforma del aborto alterarán los planes y calendarios legislativos del Gobierno. 'Ninguna presión', asevera la vicepresidenta primera.

'Todo el mundo está deseando que haya ya una sentencia sobre el Estatut'

<>Han pasado ya tres años desde que se aprobó el Estatut de Catalunya y se sigue a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo último que ha trascendido es que uno de los magistrados propuestos por el PSOE, Manuel Aragón, puede estar utilizando su voto para asegurarse la futura presidencia del tribunal. ¿Lo considera plausible?

No conocía esa especulación. El Gobierno no va a atender a ningún tipo de rumorología. Hay que respetar los tiempos y los procedimientos. Más allá de que la espera se haga larga, porque es verdad que todo el mundo está deseando que haya ya una sentencia, debemos ser respetuosos. Prácticamente se ha recurrido el Estatut completo y el Tribunal está teniendo una deliberación con el tiempo que necesita. Tengo que decir también que el Estatut está en vigor y la normalidad democrática está funcionando.

Con su bagaje jurídico, ¿cree que es plenamente constitucional?

'No hay razón alguna para algo tan grave como una huelga de jueces'

Estoy plenamente convencida de la constitucionalidad del Estatut. Por eso lo hemos negociado, votado y defendido.

El PP les acusa de presionar al Tribunal. ¿Puede garantizar que no es así?

Eso sí que es un dislate. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. No creo que se haya oído a un solo miembro del Gobierno o del PSOE no pedir respeto para la decisión del Tribunal, y al PP le hemos oído decir de todo y por su orden, en relación al Constitucional y a otros tribunales. Ahí, lecciones ni una.

'La reforma de la ley de libertad religiosa avanzará en materia de laicidad'

La Justicia

¿Le parece razonable que el único procesado por los crímenes del franquismo pueda ser el juez Baltasar Garzón?

Hay un procedimiento judicial. En su momento emitiré mi opinión.

No le pregunto tanto por la cuestión jurídica

Pero no. Podemos hablar de la memoria histórica, en la que el Gobierno ha hecho lo que estaba en condiciones de hacer. Es verdad que la ley no a todo el mundo da satisfacción porque es muy difícil reparar algo tan gordo como las consecuencias de una guerra civil y una dictadura, pero ha tratado de mitigar ese dolor y ese daño que estaba sin reparar, sobre todo desde el punto de vista del honor, personal y familiar. Se está ejecutando la ley y hay muchas cosas que todavía están en marcha.

¿No habría que restringir la acusación para que asociaciones como Manos Limpias no puedan actuar jurídicamente por razones ideológicas?

La acusación particular forma parte de nuestra tradición histórica. Otra cosa es que se busque evitar situaciones de fraude. Es un debate que está en el ámbito de la reforma de la ley de enjuiciamiento penal, en la que se está trabajando.

La asociación mayoritaria de jueces ha convocado una huelga para el jueves. ¿Qué razones cree que la motivan?

Pues la verdad es que no parece que haya muchas razones. Si hay un Gobierno que está haciendo un esfuerzo para mejorar la Justicia es este. Acabamos de poner en marcha un ambicioso plan de modernización con un presupuesto muy importante, el que mayor crecimiento ha tenido nunca en el área de Justicia, y hemos llegado a un acuerdo para reformar la Oficina Judicial. No encuentro razón alguna para una cosa tan grave como una huelga de un poder del Estado.

La reforma del aborto

La reforma de la ley del aborto es su primer gran proyecto legislativo de índole no económica en esta legislatura y la Conferencia Episcopal ha convocado una manifestación.

La reforma es constitucional, oportuna e incluso conveniente, porque no hay nada peor que una norma que esté alejada de la realidad social que regula, y son palabras del Consejo de Estado. Estamos absolutamente convencidos de que el modelo que hemos hecho es el razonable. A partir de ahí, respetamos la oposición de la Conferencia Episcopal, que no es nueva. Menos razonable o más ambigua es la posición del PP, que no convoca la manifestación, pero cada vez que puede la atiza y alienta. Aborda el tema con cierta falsedad y lo que tiene que decir es si está de acuerdo o no en proteger la salud y la seguridad de las mujeres.

El punto más conflictivo, que puedan abortar las menores de 16 años sin consentimiento paterno, ¿está abierto a la negociación parlamentaria?

El proyecto de ley recoge que el consentimiento lo tienen que dar las embarazadas y lo ha avalado el Consejo de Estado. Hay un margen para abordar ese tema cuando hay conflicto, pero teniendo en cuenta dos elementos: autonomía en la decisión de la mujer y que la decisión final es suya, sea mayor o menor de edad. Se puede y se va a hablar con los grupos parlamentarios.

Laicismo y transparencia

¿La oposición de la Iglesia Católica a esta reforma puede aplazar la de la ley de libertad religiosa?

En absoluto. No tiene nada que ver. Seguimos con nuestro calendario, que es remitirla al Parlamento antes de final de año. Es una ley que tiene dos grandes objetivos: regular la libertad de conciencia, que no está en la ley actual, y reconocer el pluralismo religioso, pero abordará también alguna cuestión más.

¿Por ejemplo, que los funerales de Estado sean laicos?

Va a avanzar en materia de laicidad. Ya veremos cómo se concreta.

Entre sus proyectos inmediatos figura también la ley de transparencia.

Sí. Es una ley muy importante que va a obligar a las Administraciones Públicas a actuar de forma más transparente y a dar información a los ciudadanos. Se podrá acceder prácticamente a todos los expedientes que tramita la Administración. Es como si abriera las puertas.