La situación de Nueva Rumasa acabó ayer en dependencias policiales y ya va camino de los juzgados. Uno de sus directores generales y administrador único de Clesa, Álvaro Ruiz-Mateos, y el director de esta empresa, Antonio Álvarez, declararon ante los agentes de la Brigada de Delincuencia Económica por una acusación de fraude a la Seguridad Social de nueve millones de euros y de alzamiento patrimonial, según revelaron a este periódico fuentes de la investigación.

Las pesquisas se fundamentan en la documentación aportada por la Seguridad Social, según la cual se habría desviado presuntamente dinero desde Clesa a Dhul, ambas pertenecientes al mismo grupo empresarial, provocando la descapitalización de la primera.

Cuando los agentes de la Sección de Fraude a la Seguridad Social mostraron ayer los documentos a los dos interrogados, estos no negaron las operaciones, según las citadas fuentes. En este sentido, el portavoz de Nueva Rumasa, Ignacio Muñoz, señaló después a Público: 'Nadie nos puede acusar de desviar dinero porque las empresas pertenecen al mismo grupo empresarial y es como si paso el dinero del salón a la cocina'. Muñoz considera 'ridícula' una acusación de desvío o descapitalización porque 'las empresas son nuestras y cada uno hace con su dinero lo que quiere'. 'Aquí no hay acusaciones, sino testificaciones', concluyó.

Ante los policías, Antonio Álvarez dijo limitarse a cumplir instrucciones de la familia Ruiz-Mateos. Por su parte, Álvaro Ruiz-Mateos, administrador único de Clesa, declaró que la responsabilidad última de las decisiones corresponde a su padre, José María Ruiz-Mateos. Fuentes del caso destacan que el patriarca de la familia cumplirá el próximo 11 de abril 80 años, una edad a la que raramente se ingresa en prisión. José María Ruiz-Mateos estaba también llamado a declarar, pero su abogada alegó que su estado de salud lo impedía.

Álvaro Ruiz-Mateos y Antonio Álvarez fueron interrogados en la sede central de la Policía, en el complejo de Canillas, en Madrid. La Brigada de Delincuencia Económica pertenece a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), encargada también de investigar los delitos relacionados con la corrupción. Tras los interrogatorios, la Policía envió la documentación a los Juzgados de Plaza Castilla, que adjudicará el caso por reparto a un magistrado de instrucción, que pasará a dirigir la investigación. Una vez seleccionado el juzgado de instrucción, su titular llamará a declarar a los Ruiz-Mateos y decidirá sobre la posible imputación.

Los empleados eran conscientes de los problemas del grupo Nueva Rumasa desde hacía meses. Las demoras en las nóminas eran habituales, sobre todo entre los 3.000 trabajadores de sus empresas de alimentación, a los que se les adeudan cerca de tres millones. Los proveedores también han sufrido impagos. Por ello, muchos han dejado de suministrar y en bastantes fábricas se hizo imposible seguir produciendo. El banco británico Royal Bank of Scotland fue uno de los primeros en perder la paciencia y el primero en anunciar el embargo preventivo de los 36 millones que Nueva Rumasa tenía con la entidad. Los impagos con la Seguridad Social se elevan a 45 millones de euros. Detrás llegaron el resto de entidades financieras a las que el grupo de empresas de la familia Ruiz-Mateos adeuda un total de 700 millones de euros.