La Policía Nacional impulsará a partir de febrero una nueva instrucción para prevenir los suicidios en los CIE. Así lo anunció ayer el cuerpo armado después de que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, visitase el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona, donde exigió mejoras en la asistencia a los internos. El protocolo de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras entrará en vigor después de que dos personas se suicidasen en los últimos cinco años, según la Policía.

Becerril estuvo acompañada por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, la delegada del Gobierno, Llanos de Luna, y el jefe superior de la Policía, Agustín Castro. Un encuentro que tuvo lugar después de que varios internos denunciasen haber sufrido malos tratos por parte de agentes los pasados 31 de diciembre y 1 de enero. De hecho, los dos jueces de Barcelona que se encargan de controlar el CIE de Zona Franca ordenaron que se acometan mejoras en las condiciones de los internos y que se les informe antes de cuatro horas de cualquier incidente relevante. En ese sentido, el personal médico y la dirección 'tienen la obligación' de remitir al juzgado de guardia todos los partes de asistencia médica de internos asistidos por lesiones.

La Defensora del Pueblo trasladó a las autoridades las conclusiones y recomendaciones 'fruto de las últimas visitas de inspección no anunciadas que ha realizado el personal técnico de la Institución a este CIE', según un comunicado de la institución, que visitó el centro cinco veces en otros tantos años. La última, el pasado 4 de diciembre, tras la muerte de un interno, que ha dado lugar a protestas para exigir que se investigue el fallecimiento del ciudadano armenio Aramis Manukyan. Hasta el Síndic de Greuges, Rafael Ribó (homólogo catalán de la Defensora del Pueblo), llegó a denunciar la expulsión de dos internos dispuestos a declarar sobre el caso.

El protocolo para prevenir suicidios prevé reforzar las medidas para garantizar la seguridad de los internos y velar en todo momento por su integridad, según la Policía. De esta forma, las fuerzas de seguridad deberán adoptar una serie de normas de obligado cumplimiento de carácter general y otras específicas (en el caso de internos con 'conductas suicidas' detectados por los servicios médicos). Además, actualmente se está desarrollando un Real Decreto por el que se aprobará un nuevo reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE, que cambiarán de nombre para denominarse Centros de Estancias Controlada de Extranjeros (CECE).

El reglamento, que se encuentra en el Consejo de Estado, pretende regular con 'transparencia' los derechos y deberes fundamentales de los internos, el régimen de funcionamiento de los centros, su estructura organizativa y de dirección y los servicios de asistencia tanto sanitaria como social y de seguridad, según un comunicado de la Policía, que estima que en cinco años han pasado por los CIE españoles más de 62.000 internos.

La instrucción, que prevé 'actuaciones preventivas desde el momento de la detención hasta la salida del centro', concretará los medios personales y materiales para los CIE y estipulará los procedimientos de actuación en ingresos, salidas y traslados, haciendo hincapié en la información de los derechos, y en los requisitos y garantías para realizar estos trámites. 

La Defensora del Pueblo destacó durante la visita la necesidad de que se publique el reglamento de organización y funcionamiento, en el que 'se arbitren los medios necesarios para hacer efectivo el derecho a la asistencia social de los extranjeros sometidos a internamiento'.

Becerril también pide que 'se intensifiquen los controles de seguimiento en los convenios suscritos con las empresas que prestan la asistencia sanitaria dentro de estos centros y se aclaren los criterios para solicitar el internamiento en un CIE', reza el comunicado.