La credibilidad del Gobierno laborista se encuentra en un punto tan bajo que ni siquiera los diputados del partido se fían de sus promesas en los asuntos más sensibles. Y la tortura es uno de ellos.

Una comisión conjunta de las Cámaras de los Comunes y de los Lores ha solicitado una investigación independiente sobre la posible complicidad de los servicios de inteligencia en la aplicación de la tortura a sospechosos de terrorismo.

La comisión no tiene pruebas concretas de que los agentes del MI5 hayan torturado o presenciado la tortura de detenidos, pero los indicios son tan claros y los desmentidos del Gobierno tan poco convincentes que no cree que sea posible enterrar el asunto durante más tiempo.

Gracias a las investigaciones del diario The Guardian, los parlamentarios dan como ejemplo los nombres de siete ciudadanos británicos detenidos en Pakistán cuyos interrogatorios podrían haber sido supervisados por el MI5. Los agentes buscaban en Pakistán el rastro de terroristas dispuestos a repetir atentados como los del 7-J. Hay otros casos, como el de Binyam Mohamed, detenido en Pakistán y más tarde conducido a Marruecos, Afganistán y Guantánamo.

Existen fundadas sospechas, basadas en el testimonio de presos que luego fueron excarcelados, de que el MI5 orientaba los interrogatorios y elegía las preguntas. Los agentes marroquíes y paquistaníes, y los norteamericanos en Guantánamo, se ocupaban del trabajo sucio, mientras los británicos eran conscientes de que se estaban produciendo malos tratos.

En el caso de Mohamed, el MI5 dio a la CIA una lista de 70 preguntas y recibió cinco informes sobre el preso a lo largo de cinco años.

La comisión acusa al Gobierno de haber obstaculizado su trabajo: 'Nuestra experiencia en el último año es que los ministros están decididos a ignorar el control parlamentario y asumir sus responsabilidades. Se han negado a declarar (ante la comisión), facilitan respuestas preparadas a nuestras preguntas por escrito, e ignoran por completo algunas de las cuestiones', dicen en sus conclusiones.

Los parlamentarios quieren que el Gobierno haga públicas las instrucciones impartidas a los servicios de inteligencias desde el año 2001. ¿Permitían la colaboración con agentes extranjeros con una notoria reputación de emplear la tortura? ¿Se subcontrató a los paquistaníes la detención de musulmanes británicos cuando viajaban al país de sus padres?

Son preguntas aún sin respuesta, o con respuestas como las del viceministro de Exteriores Ivan Lewis: 'No tenemos nada que ocultar, pero todo esto es increíblemente complicado. Es un asunto muy delicado, porque hay que guardar el equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y la protección en ocasiones de la seguridad de los ciudadanos'.