Los pescadores en pie de guerra por el alza de los precios del gasóleo

Miles de pescadores reclamaron hoy frente al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), con bengalas, pitos y gritos de dimisión de la ministra Elena Espinosa, medidas que palíen el alza del precio del gasóleo y la caída de las cotizaciones en primera venta del pescado.

En medio de un fuerte dispositivo policial, los pescadores han repartido más de 20.000 kilos de pescado para hacer ver a los consumidores la grave situación en la que están inmersos, la que consideran la peor crisis desde hace cien años.

España, uno de los principales consumidores de pescado fresco y congelado del mundo y con una de las mayores flotas tanto de altura como artesanales de la UE, ha visto cómo miles de barcos permanecían amarrados a puerto durante el día de hoy.

Los pescadores de las 23 cofradías de la Comunitat Valenciana han permanecido parados y no saldrán a faenar, y la Federación de Cofradías ha avanzado que, si no se da una "solución inmediata" a la extrema situación de los pescadores, el sector hará un paro indefinido.

En Cataluña todos los puertos ha secundado también la huelga convocada por la Federación Catalana de Cofradías de Pescadores en protesta por el alza de los precios de los combustibles, al igual que la flota de pesca de arrastre de las Pitiusas en Ibiza.

Los pescadores de Ibiza han señalado que se ha producido paralelamente un descenso en las ventas del pescado autóctono, que atribuyen al cambio de costumbres y hábitos de los pitiusos, al alto precio al que se vende la captura realizada en las islas y también a la entrada masiva de pescado de la Península o congelado a precios muy bajos.

Por su parte, la Federación Andaluza de Cofradías, que acoge a 1.250 embarcaciones y unos 12.000 marineros, ha señalado que el seguimiento de la huelga ha sido "masivo".

En el País Vasco, doce barcos de altura permanecen amarrados en el puerto vizcaíno de Ondarroa, y el resto, hasta 45 embarcaciones, llegará a lo largo de la próxima semana, en respuesta a la orden cursada por la patronal del sector en protesta por el alza de los carburantes.

Desde la Cooperativa de Armadores de Vigo se ha confirmado que la flota ha permanecido parada, tanto los buques espaderos como los del Gran Sol que van llegando a puerto tras concluir la marea lo están haciendo ya desde hace varios días.

Sin embargo, la lonja pesquera de Vigo ha estado "bajo mínimos" dado que sólo se subastaron alrededor de 10 toneladas de pescado de importación, pero no se ha descargado ningún buque de la flota pesquera, mientras que los almacenes que sirven marisco están funcionando "a medio gas".

En Santa Uxía de Ribeira, el primer puerto de España de pesca de bajura, la flota está paralizada en su totalidad y sin ventas en la rula, mientras que en el norte de Galicia, en Celeiro-Viveiro o en Burela sucede otro tanto, pescadores y armadores viajaron en más de una docena de autocares para participar en la manifestación.

En A Coruña la flota de arrastre de litoral está amarrada en su totalidad, mientras en la bajura está trabajando, y aquellos que pescan en altura tiene hasta el día 10 de junio para regresar a puerto.

Desde Cantabria han asistido representantes de las cofradías de Castro Urdiales, Laredo, Santander, Santoña y San Vicente de la Barquera a la concentración de Madrid.

Algunas organizaciones sindicales, como CC.OO, LAB y diversas organizaciones sindicales gallegas, han rechazado este "cierre patronal", que, según estas centrales, "responde a los propios intereses" de los armadores y "perjudica gravemente a los trabajadores".

También las protestas y paros de los pescadores por el alza de los precios del gasóleo afectan ya a seis países comunitarios, número que podría aumentar en breve, según las organizaciones europeas del sector, quienes no descartan alguna acción a nivel europeo para reclamar ayuda.

En este momento, los pescadores se han movilizado en Portugal, Bélgica, Italia, Francia y el Reino Unido; y es previsible que se sume a las protestas el sector de Irlanda.

Los armadores, entre otras medidas, reclaman a la Administración "un tratamiento de choque" que comprenda un control riguroso de las importaciones, una reducción de las cotizaciones sociales y ayudas para proceder al abandono de la actividad en los barcos más viejos.