El ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella Pedro Román, procesado en el "Caso Malaya", ha negado hoy ante el juez que haya cometido alguna infracción penal y ha asegurado que su hija no conocía nada de sus negocios, según han informado a Efe fuentes judiciales.

Román, "mano derecha" de Jesús Gil entre 1991 y 1998, está imputado por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio y fraude a la Hacienda Pública.

Ha negado en su declaración indagatoria haber cometido los mencionados delitos, imputados por el fiscal anticorrupción y el juez, y ha señalado que siempre ha colaborado con la justicia y que se pone a disposición de la misma cuando es requerido.

En su comparecencia, Román ha justificado todas sus operaciones financieras y ha exculpado a su hija alegando que "nunca" ha conocido nada de sus operaciones en el municipio malagueño de Marbella.

Además de Román, hoy también ha prestado declaración indagatoria ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella su hija Pilar, el ex comisario Florencio San Agapito y el abogado Juan German Hoffmann, que han negado haber cometido hechos delictivos.

El letrado está procesado por un delito de blanqueo de capitales con carácter continuado y pertenencia a organización, mientras que a los otros tres el juez les imputa los delitos de cohecho, fraude, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio.

La hija de Román está vinculada junto con su padre al entramado societario del ex asesor de Urbanismo y fue detenida en mayo de 2007 en el Aeropuerto de Málaga cuando ambos llegaron en un vuelo procedente de Suiza y tras su declaración fue imputada en el caso pero puesta en libertad sin fianza.

De hecho, Pedro Román aparece vinculado a sociedades gestionadas por el letrado Juan German Hoffmann, considerado el testaferro de los paraísos fiscales de Roca.

Las investigaciones apuntan que Román tendría relación, a través de la empresa Yambali 2000 SL, con el ex comisario de la Policía Florencio San Agapito -en libertad tras abonar una fianza de 500.000 euros-, aunque ambos vendieron sus participaciones en 2002 cuando el abogado Hoffmann fue sustituido como administrador único por el promotor José Ávila Rojas, imputado también en el caso.

Román cumple una condena de un año de prisión por el denominado caso "Moansa", aunque se encuentra en tercer grado penitenciario desde el pasado febrero, por lo que sólo pernocta de domingo a jueves en la sección abierta ubicada en la antigua prisión de Málaga.