El Congreso ha acordado hoy por unanimidad instar al Gobierno a que lleve cuanto antes a la Cámara el prometido proyecto de ley de información pública, y los partidos se han comprometido también a impulsar la transparencia y el control de las instituciones, medidas reclamadas por el movimiento del 15-M.

La Cámara Baja promete así mismo tramitar con la máxima celeridad la reforma de legislación sobre financiación de partidos que se tomó en consideración en abril y que reclamaba, entre otras cosas, la transparencia en las donaciones y la prohibición de las procedentes de fundaciones o asociaciones subvencionadas con dinero público.

La iniciativa ha partido de ERC, y su portavoz, Joan Ridao, ha celebrado el consenso de todos los partidos -que han consensuado el texto final- por haber escuchado alguna de las reclamaciones del movimiento del 15-M, como la de pedir una democracia más transparente y participativa.

Pese al consenso, el debate no ha estado exento de voces críticas, y se ha centrado en buena parte en la defensa del trabajo de los parlamentarios, tan criticado por los "indignados" y que los portavoces de los distintos grupos han insistido en defender.

"Hace falta más política que nunca ahora, no hay nada malo en que el Parlamento escuche este aldabonazo crítico", ha dicho Ridao.

La iniciativa, ha recordado, pide al Ejecutivo que remita en el actual periodo de sesiones el proyecto de ley de acceso a la información pública que ha prometido en varias ocasiones y que es "fundamental para dar transparencia y publicidad y facilitar el control público".

El texto consensuado compromete a los partidos a aprovechar la tramitación de este proyecto para "examinar las medidas que sean necesarias para profundizar en la democracia y la participación política, además de la transparencia y control de las instituciones democráticas".

También expresan su voluntad de tramitar "con la máxima celeridad y diligencia" la reforma de la ley de financiación de partidos que ya se tomó en consideración el pasado mes de abril, también iniciativa de Esquerra, para prohibir donaciones a los partidos procedentes de fundaciones o asociaciones que reciban fondos públicos y evitar así las donaciones anónimas.

Los más críticos en este debate han sido los portavoces del PNV y de CiU, que pese a apoyar la iniciativa han sugerido que se aprueba de cara a la galería y para acercarse a una ciudadanía descontenta, han puesto en valor el trabajo parlamentario y han expresado sus dudas de que dé tiempo a aprobar la citada ley de información pública en esta legislatura.

Así, el diputado del PNV Aitor Esteban ha dicho no estar de acuerdo con que el sistema democrático sea cada vez más cerrado o esté carente de transparencia, se ha definido como un "servidor público" y ha lamentado que entre la clase política se esté aceptando que "hay cosas de las que avergonzarse".

Mientras, Jordi Jané, de CiU, ha subrayado que desearía ver la misma unanimidad cuando hay que defender la democracia representativa del Congreso y replicar, ante la crítica fácil a la función parlamentaria "que no tiene fundamento", que los diputados trabajan y tienen dedicación.

En términos similares se ha expresado el diputado del PP José María Lasalle.

"Quienes formamos parte del hemiciclo no somos ni una clase ni una casta", sino personas que han "asumido el honor de representar a los ciudadanos del país, y debemos ser capaces de transmitirlo ejemplarmente", ha subrayado Lasalle, quien ha hecho al Gobierno directamente responsable del deterioro institucional.

La socialista Virtudes Monteserín ha culpado directamente a los poderes económicos del deterioro de imagen que ahora sufren los políticos.

"Los poderes democráticos, los mercados, las finanzas y sus malas prácticas, alejadas en su día del control público, han trabajado contra nosotros" y, por el contrario, "han dirigido su atención hacia nosotros, que sí rendimos cuentas, mientras ellos se pasean arrastrando derivados tóxicos que han contaminado el sistema financiero, el político, el social y el económico", ha señalado.