El Parlamento irlandés aprobó hoy por 78 votos frente a 71 un nuevo proyecto de ley con el que el Gobierno otorga a su ministro de Finanzas poderes extraordinarios para reestructurar el deteriorado sistema bancario nacional y reducir el tamaño de las entidades.

La nueva Ley (de Estabilización) de Instituciones Crediticias de 2010 recoge varias de las recomendaciones incluidas en el plan de rescate de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este país, valorado en 85.000 millones de euros.

Entre otras medidas, la ley prevé que, bajo ciertas circunstancias, los tenedores de deuda subordinada carguen con parte de las pérdidas incurridas por los bancos, cajas de créditos y entidades prestamistas amparadas por el plan de garantía del Estado, que protege su deuda y depósitos.

También contempla la creación de la figura de un gestor que se pondría al frente de un entidad, "en limitadas y excepcionales circunstancias, para alcanzar los objetivos de la legislación", según señala el texto.

El ministro de Finanzas tendrá, además, autoridad para, por ejemplo, transferir los activos y pasivos monetarios de estas entidades y facilitar así la reducción del tamaño de las entidades; o para despedir y designar altos puestos bancarios.

No obstante, estos poderes recogidos en la ley serán revocados en diciembre de 2012, cuando el Gobierno de Dublín podrá revisar con la UE y el FMI los progresos logrados y, quizá, modificar alguno de los términos del acuerdo del plan de rescate, en el que Irlanda contribuye con 17.500 millones de euros.

En cuanto la ley entre en vigor, posiblemente a finales de esta semana, el Gobierno podrá volver a inyectar capital en el Allied Irish Banks (AIB) antes de que finalice 2010, al tiempo que acelerará el cierre del Anglo Irish Bank y del Irish Nationwide Building Society, previsto para comienzos de 2011.

Hundido por el colapso del sistema bancario irlandés, el Ejecutivo de Dublín ha inyectado en el AIB desde hace dos años unos 3.500 millones de euros de dinero público, pero la entidad necesita todavía otros 9.800 millones para hacer frente a sus pérdidas, pertenecientes la mayoría a su portafolio inmobiliario.

Hasta la fecha, las medidas de recapitalización no han sido suficientes y el Estado nacionalizará próximamente el banco mediante la compra del 90 por ciento de las acciones con el objetivo de venderlo después a alguna entidad internacional.

Según la nueva ley, las inyecciones de dinero público en las entidades protegidas por el plan de garantías del Estado están condicionadas a la eliminación de las bonificaciones que se venían pagando hasta ahora a sus ejecutivos.

Con estos instrumentos, Irlanda podrá gestionar con más agilidad el fondo de ayuda de la UE y el FMI.

Unos 10.000 millones serán inyectados de inmediato para mantener a flote el fallido sistema bancario irlandés y otros 25.000 millones se mantendrán preparados para usarse, si es necesario, a fin de completar su saneamiento.