El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, ha asegurado este domingo que el organismo que dirige no puede ser 'rehén' de un contratista, en referencia a la amenaza de suspensión de las obras lanzada por el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) que encabeza la constructora española Sacyr. Asimismo ha revelado que el consorcio de Sacyr retiró una reclamación por sobrecostes de 368 millones de euros que había formulado.

Quijano ha argumentado en declaraciones a la televisión pública panameña TVN que las reclamaciones planteadas el consorcio no están relacionadas con una falta de capacidad financiera, sino con unos 'supuestos costos adicionales que quieren traspasar' a la ACP. 'Estos costos no pueden ser aceptados si no están dentro de lo establecido en el contrato', ha indicado.

Además, Quijano ha asegurado que la ACP ha pagado ya un 5% más del precio fijado debido a las cláusulas del contrato que permiten ajustes y variaciones en los costos del acero, el cemento, el diésel y la mano de obra.

   En cuanto al futuro de la obra, Quijano ha reiterado la intención de la ACP de continuar con la obra y con este contratista, aunque reconoció que el GUPC 'nos está arrinconando en una esquina donde no tenemos muchas opciones'.

En cualquier caso, Quijano se ha referido a la Junta de Resolución de Disputa, organismo aceptado tanto por la ACP como por el GUPC para solventar cualquier reclamación. En ese sentido, ha recordado que el GUPC ya presentó una reclamación por 500 millones de dólares (368 millones de euros) que finalmente retiró, por lo que Quijano ha emplazado al consorcio a volver a presentar esta reclamación.

El responsable de la ACP ha defendido además la intervención del presidente panameño, Ricardo Martinelli, que viajará a Europa para reunirse con los gobiernos de España e Italia para tratar la situación. 'Todos los panameños, incluido el Gobierno, tienen un rol', ha argumentado.

'La preocupación del presidente es que se siga la obra y él hará lo que sea para que se continúe (...). Esta es una obra para el mundo, no solo para Panamá, cualquiera asistencia del Estado o el Gobierno es conveniente para ver alternativas que permitan al Canal seguir dentro del marco regulatorio y jurídico del contrato y que se pueda resolver lo más pronto posible', ha explicado.