La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado la falsedad del código de buenas prácticas aprobado por el Gobierno. 'No están haciendo nada nuevo. Nada que no pudieran hacer los bancos la semana pasada, o el mes pasado o el año pasado', asegura el portavoz Vicente Pérez que explica que la medida 'deja fuera a todos los afectados de las grandes capitales'.

En su lugar, PAH solicita la apertura de una moratoria de tres años en los desahucios con un parque de viviendas en alquiler que se abastezca de las que están recuperando los bancos. Para conseguirlo, están preparando una recogida de firmas para la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social.

En la misma línea y atendiendo a las características del decreto del Ejecutivo, el presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), Manuel Pardos, considera que el código pretende ser 'un lavado de imagen', con el que tanto las entidades financieras como los conservadores se quitan un problema.

El nombre de las primeras entidades financieras que se adhieran al código de buenas prácticas se conocerán a principios de abril. Según el Real Decreto de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, que publica este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE), las entidades financieras podrán comunicar su adhesión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, a partir de mañana, cuando entra en vigor la norma.

Cada año, durante los diez primeros días de enero, abril, julio y octubre, la Secretaría de Estado de Economía publicará el listado de entidades adheridas en la web de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera y en el BOE.

Las entidades que acepten voluntariamente este código estarán obligadas a aplicar, al menos durante dos años, las nuevas condiciones a las hipotecas (también a las ya vigentes) y, si no lo hacen, los afectados podrán acudir a los tribunales.

En cualquier caso, una comisión de control con representantes de la Asociación Hipotecaria Española, el Banco de España, la Comisión Nacional y la Secretaría de Estado de Economía hará un seguimiento e informará semestralmente del cumplimiento de las buenas prácticas.