ONGs lamentan que el Supremo "prime los intereses económicos" a los medioambientales

Las organizaciones ambientales seguirán luchando para paralizar los proyectos de prospecciones en busca de petróleo en Canarias, según han anunciado portavoces de varias ONG, que han lamentado la decisión del Tribunal Supremo de "primar los intereses económicos", al rechazar los siete recursos interpuestos contra el Real decreto del Ministerio de Industria que concede permisos de exploración en busca de petróleo en la costa oriental de Lanzarote y Fuerteventura.

Así, la organización WWF, que había interpuesto uno de los recursos ha anunciado que presentará nuevos recursos para tratar de paralizar el proyecto de la empresa RIPSA (filial de Repsol) porque ha primado los intereses económicos frente a los excepcionales valores naturales del área a explorar y el sentir de la sociedad canaria que se ha mostrado contraria mayoritariamente a este proyecto.

La ONG ha recordado que el área donde se prevé buscar hidrocarburos tiene una "increíble riqueza ambiental" ya que se trata "con toda seguridad" de la zona más importante en Europa de cetáceos, tanto por la diversidad encontrada en el área (más de un tercio de las especies conocidas en el Planeta) como por la singularidad de algunas de ellas como cachalotes, zifios, entre otras.

Por ello, WWF ha denunciado el proyecto en la UE porque considera que vulnera varias Directivas comunitarias de protección de especies y hábitats y ha anunciado que continuará usando todos los mecanismos legales a su alcance para paralizar este inaceptable proyecto.

Por su parte, Ecologistas en Acción, cuyo recurso también ha sido rechazado por el Tribunal Supremo ha lamentado la decisión y ha subrayado, del mismo modo, su intención de seguir trabajando contra uno de los proyectos con más grave impacto ambiental y efectos sociales y económicos muy negativos. De este modo, ha asegurado que "no descarta ninguna vía legal" para frenar el proyecto.

En este contexto, ha destacado que el recurso presentado por Ecologistas en Acción-Ben Magec recogía el rechazo ciudadano a las prospecciones y que numerosos estudios "demuestra que la extracción de hidrocarburos del fondo del mar tiene efectos muy negativos en los ecosistemas marinos y costeros y supone un alto riesgo de vertidos".

A su juicio, es "preocupante" que el presidente de Repsol, Antonio Brufau haya anunciado la publicación de la decisión horas antes de que el fallo se diera a conocer, siendo la principal beneficiaria de las prospecciones.

Del mismo modo, Greenpeace ha anunciado que "continuará" con las movilizaciones y la presión social y política, tanto en España como en Europa para que no prospere "este peligroso proyecto". Igualmente ha lamentado "profundamente" los argumentos esgrimidos por el TS y considera que no se pueden anteponer los intereses de una multinacional por encima de los de la ciudadanía y el medio ambiente.

"Ahora sabemos que Repsol tiene quien lo defienda mientras que el medio ambiente no es defendido ni por el Ministerio encargado ni por la Justicia", ha declarado el responsable de la campaña Prospecciones NO, Julio Barea, que ha subrayado que "desgraciadamente" los accidentes han demostrado que "no hay ninguna forma segura de extraer petróleo en aguas profundas".

Al mismo tiempo, ha advertido de que la pesca y el turismo en Canarias "van a pagar las consecuencias de esta política suicida del Gobierno". Por ello, Greenpeace reclama a Repsol y al Gobierno que "atienda, respete y acepte" las demandas de la población canaria, del sector turístico internacional y de la comunidad científica, que han advertido reiteradamente de los riesgos de las prospecciones sobre el medio natural oceánico y costero, sobre el turismo e incluso sobre el abastecimiento de agua potable a la población, ya que el 100% de este recurso en Lanzarote y Fuerteventura procede del agua del mar.

Como acción inmediata, la ONG ofrecerá este miércoles una rueda de prensa frente al Cabildo de Las Palmas y entregará a la Delegación del Gobierno un informe contra las prospecciones petrolíferas y otros documentos que demuestran que es innecesario poner en riesgo al archipiélago. Además, ha anunciado que el próximo sábado realizará un Día de Acción Global en distintos puntos de España contra las prospecciones.

Mientras, la organización de conservación marina Oceana ha lamentado el fallo del Tribunal Supremo porque considera que el proyecto de Repsol interfiere con la declaración de un área marina protegida para los cetáceos y afecta potencialmente a 25 espacios protegidos.

A su juicio, la decisión contribuye a la destrucción de hasta 25 áreas marinas y 82 especies protegidas que Oceana documentó durante su expedición en esta zona, como explicó el perito de la organización internacional marina presente en el juicio.

"Estamos hablando de permitir sondeos exploratorios en lugares donde el propio MAGRAMA admite carecer de información sobre las comunidades que habitan. Además, ha aprobado un Estudio de Impacto Ambiental en el cual Repsol declara desconocer las ubicaciones definitivas donde tendrán lugar las perforaciones, entre otras deficiencias", ha manifestado el director de investigación de Oceana Europa, Ricardo Aguilar, que ha denunciado que es "una vergüenza cómo el Gobierno está repartiendo permisos de explotación que benefician a unos pocos, arriesgando al resto de los españoles a perder innumerables hábitats esenciales y de gran fragilidad".