El presidente de EE.UU., Barack Obama, tiene previsto anunciar hoy que su Gobierno restablecerá los tribunales militares para enjuiciar a un puñado de presuntos terroristas en Guantánamo, pero éstos tendrán nuevas protecciones legales.

Así lo confirmó a Efe el jueves una fuente del Gobierno, que pidió el anonimato.

La Casa Blanca no se ha pronunciado sobre el inminente anuncio de Obama, por lo que se desconoce cuántos de los 241 detenidos en Guantánamo estarían sometidos a los nuevos tribunales.

Nada más llegar al poder, en enero pasado, Obama suspendió los tribunales militares y ordenó, mediante una orden ejecutiva, el cierre del penal en Guantánamo para el 22 de enero de 2010.

Ahora, la decisión de restablecer las cortes militares se ha ganado elogios de republicanos como el senador Lindsey Graham, pero tiene el potencial de causar la ira de grupos defensores de los derechos humanos, que desde siempre se opusieron a estos instrumentos de justicia militar.

Se prevé que, entre otros elementos, la orden ejecutiva de Obama restringirá las pruebas "oídas" a terceras personas que se puedan utilizar en los tribunales en contra de los detenidos.

Tampoco se permitirá el uso de confesiones obtenidas mediante métodos coercitivos, como la asfixia simulada.

Además, los detenidos tendrán más libertad de escoger a sus abogados militares, y los que se nieguen a dar testimonio tendrán protección ante posibles sanciones legales.

Según The New York Times, los presuntos terroristas tendrán más derechos que los que tuvieron bajo el mandato del entonces presidente George W. Bush (2001-2009), pero "no tendrán toda la gama de protecciones legales que tienen los acusados en tribunales civiles".

Las cortes militares fueron establecidas para enjuiciar a presuntos terroristas detenidos en el campo de batalla en Afganistán en 2001, pero han provocado la repulsa de defensores de los derechos humanos y han sido objeto de demandas.

Como senador, Obama se opuso en 2006 a la creación de los tribunales o comisiones militares para enjuiciar a los presuntos terroristas y, al igual que muchos demócratas en su momento, argumentó que éstos violaban la Constitución porque limitaban los derechos legales de los prisioneros.

Qué hacer con los detenidos ha sido fuente de controversia para la joven Administración que, según los observadores, afronta varios posibles escenarios: someterlos a los tribunales militares; trasladarlos a terceros países; enjuiciarlos en tribunales federales en EE.UU. o mantenerlos detenidos de forma indefinida.