El número de personas que pide la renta básica autonómica se dispara

"A la vuelta de la esquina, alguien tendrá que tomar la difícil decisión entre comer o calentarse, entre preocuparse por pagar el alquiler, estar pendiente de la próxima orden de desahucio o imaginar como estirar al máximo el próximo euro". Es el comienzo de la declaración con la que la Red Española contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) - red de ONGs comprometidas con la inclusión, con ramas en toda Europa- pide una Renta Básica que garantice a todos los ciudadanos las condiciones mínimas para una vida digna.

La crisis económica y el aumento del desempleo han aumentado el riesgo de exclusión social: muchos despidos, dificultad para encontrar un nuevo empleo, prestaciones y subsidios que llegan a su fin. Las rentas básicas o mínimas (cada comunidad autónoma las denomina de una manera), un recurso que conceden las comunidades a las personas que se encuentran por debajo de cierto nivel de ingresos, se han convertido en el colchón de muchos parados.

En el último año, las solicitudes para percibir la renta básica se han multiplicado. En Madrid, el número de solicitudes al mes durante 2008 era aproximadamente de 300. Desde que comenzó 2009, esta cantidad ascendió a 500 y ha llegado a 800 en marzo. En lo que llevamos de año, Navarra ya ha concedido 2.334 rentas, más de la mitad que en todo 2008, cuando fueron 4.455. Algo similar sucede en Cantabria: de enero a marzo se ha aprobado el mismo número de solicitudes que en todo el año pasado. La situación es parecida en todas las autonomías. Administraciones y ONG están desbordadas.

El presidente de EAPN, Carlos Susías, afirma que regular la renta mínima como un recurso para la ciudadanía es una necesidad: "Mejorar la prestación no debe ser algo coyuntural, se debe adoptar como una estrategia de Estado, que no quede sólo en las comunidades, que se garantice como derecho de las personas".

Los requisitos para acceder a estas rentas varían según las regiones, aunque tienen algunos puntos en común. "Ahora el sistema de rentas mínimas está en manos de las comunidades, no hay criterios comunes. El Estado, con apoyo de las autonomías, debería garantizar un ingreso que cubra las necesidades básicas de las personas, ahora es de un bajo nivel protector y además está en aumento porque muchas personas van a perder su cobertura o ya la han perdido", señala el responsable de estudios de Cáritas, Víctor Renes.

Las cantidades que pueden percibirse oscilan entre los 400 y los 700 euros, dependiendo del número de miembros de la unidad familiar. Navarra y País Vasco son las regiones con los subsidios más altos, que llegan incluso a superar los 800 euros. Además, algunas autonomías lo consideran un derecho más de la ciudadanía, de forma que su prestación está garantizada y no tiene límite de tiempo. Es el caso de Navarra o, próximamente, de Andalucía, que la regulará como derecho en la Ley de Inclusión Social que aprobará en los próximos meses.

La estigmatización de las personas que perciben subsidios es frecuente. En los últimos meses, han sido varias las voces que han mostrado su rechazo a que España se convierta "en un país de subsidiarios".

Según los expertos, no es cierto que la Renta Básica desincentive el empleo. "¿Quién se mantiene sólo con 500 euros al mes? Si no existe esta renta se potencia la economía sumergida, los trabajos precarios y las situaciones de abuso. La renta es la garantía de mayor calidad en el empleo y en la sociedad y es dinamizar la economía porque es dinero que la gente necesita consumir, no es para ahorro", explica Susías.

En la misma línea se pronuncia Vícor Renes: "Si el empleo tuviera una remuneración digna ¿cómo puede una renta tan baja como el salario mínimo desincentivar el empleo?