La ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde estaba presuntamente al corriente de un eventual conflicto de intereses en el asunto que podría llevar a la candidata a dirigir el FMI a sentarse en el banquillo por trato de favor, según las revelaciones del sitio de información "Médiapart".

Esta web de investigación, creada por el antiguo director de "Le Monde" Edwy Plenel -que fue trostkista en su juventud-, señala que Lagarde sabía que uno de los tres miembros del tribunal de arbitraje que decidió la millonaria indemnización de Bernard Tapie en julio de 2009 había participado en otros casos vinculados con Maurice Lantourne, abogado de este empresario y exministro socialista.

"Médiapart" subrayó que aunque la ahora candidata a la dirección del Fondo Monetario Internacional (FMI) tenía conocimiento de esos vínculos -con lo que eso implica de dudas sobre su independencia-, no lo recusó y el arbitraje siguió adelante.

El tribunal arbitral -una instancia privada elegida tras renunciar las dos partes a la justicia ordinaria- dictaminó que Tapie debía recibir una indemnización de 285 millones de euros del Estado francés por la venta en 1993 por parte del banco Crédit Lyonnais, entonces público, de una participación de la empresa Adidas que había pertenecido al turbulento empresario.

Las nuevas revelaciones de "Médiapart" llegaron cuando hoy se reúnen a puerta cerrada siete magistrados de la comisión de peticiones del Tribunal de Justicia de la República -competente para juzgar a aforados en Francia- para abordar el procedimiento que se ha lanzado contra Lagarde.

Se espera que los magistrados se limiten hoy a anunciar la fecha -probablemente de aquí a una decena de días- en que se decidirá si el Tribunal de Justicia de la República debe investigar formalmente a la titular de Finanzas por su gestión del caso Tapie, con vistas a una eventual acusación de trato de favor al hombre de negocios y exministro.

La Fiscalía había lanzado el pasado 12 de mayo un procedimiento para reclamar a la comisión de peticiones que inicie una investigación por abuso de autoridad de Lagarde, un delito penado con una pena máxima de cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa.