Nueva orden de arresto contra la expresidenta filipina Arroyo

El Tribunal Anticorrupción de Filipinas emitió hoy una nueva orden de arresto por corrupción contra la expresidenta del país Gloria Macapagal Arroyo, quien se encuentra detenida en un hospital militar por otro caso de fraude electoral.

El portavoz de Arroyo, Ferdinand Topacio, afirmó que el tribunal ordenó el arresto de Arroyo, su esposo, José Miguel Arroyo, el antiguo ministro de Transporte, Leandro Mendoza, y el expresidente de la Comisión Electoral, Benjamin Abalos, por corrupción y tráfico de influencias en un contrato de internet de alta velocidad con la empresa china ZTE en 2007.

Macapagal Arroyo anuló el contrato con ZTE ese mismo año, después de que una de las empresas litigantes por esa obra denunciase presiones y otras irregularidades, y que uno de los ingenieros que analizó el proyecto declarase que estaba sobrevalorado en al menos 200 millones de dólares.

Tanto José Miguel Arroyo como Mendoza intentaron evitar la orden de arresto alegando ante la Defensora del Pueblo que la acusación se basa en un contrato que nunca llegó a ser efectivo.

Según Topacio, el marido de la exmandataria tiene previsto acudir al tribunal y pagar la fianza necesaria para evitar su detención.

Por su parte, Abalos ya se encuentra detenido por el mismo caso de fraude electoral en los comicios legislativos de 2007 por el que fue arrestada Arroyo.

La fiscalía acusa a Arroyo de ordenar alterar el resultado arrojado por las urnas en una provincia musulmana del sur de Filipinas para favorecer a los candidatos al Senado de su partido.

Sobre la exmandataria también pesa la denuncia formal de que financió las campañas electorales en 2004 y 2007 con fondos públicos de asistencia a los trabajadores filipinos.

Las autoridades también investigan la supuesta participación del marido de la expresidenta en la venta que hizo a la Policía de unos helicópteros de segunda mano que cobró como si fuesen nuevos.

La victoria de Benigno Aquino en las elecciones presidenciales de 2010 propició un cambio en el Gobierno de la nación y se reabrieron algunos de los escándalos surgidos durante el mandato de su antecesora.

Hasta el momento, ninguno de los delitos atribuidos a Arroyo y a su esposo han sido probados en un tribunal de justicia.