"No nos amilanamos ante los ataques que sufrimos"

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ha sido la encargada de investigar el llamado escándalo de la parapolítica sobre los vínculos entre los paramilitares y los miembros de la coalición gubernamental del presidente Álvaro Uribe. Como resultado de ese trabajo judicial, 70 parlamentarios están siendo investigados y 29 de ellos se encuentran en prisión. Esa labor le ha valido al tribunal numerosos ataques por parte del Ejecutivo.

«No condenamos sólo a paramilitares y políticos, también a la guerrilla»

¿Es cierto que ha habido intentos de deslegitimar la acción de la CSJ a raíz de la investigación de la parapolítica?

Cierto, ha habido ataques, pero la Corte ha seguido con su trabajo. Hace dos semanas, se condenó a dos senadores por un acuerdo entre paramilitares y políticos. Nos molestan porque CSJ está muy comprometida con su misión. Tratan de descalificar la labor de la corte, de mostrarla ante la opinión pública como algo contrario a lo que es.

El presidente Álvaro Uribe dijo que la CSJ tiene "sesgo ideológico".

«Siete de los nueve jueces hemos tenido problemas de seguridad»

Precisamente cuando la CSJ actúa en contra de los grupos [paramilitares], nos vienen con calificativos como que tenemos sesgo ideológico. Pero la CSJ no sólo ha emitido fallos en contra de paramilitares y funcionarios unidos con estos grupos, sino que ha condenado a la cúpula de las FARC y a la del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ha habido fallos en todas las direcciones, la CSJ no entiende de izquierdas y derechas, sino de conductas delictivas.

¿Cree que estos calificativos son un intento deliberado de influir en la acción de la justicia?

Por supuesto, es para descalificar. En la CSJ hay 23 jueces, 7 en la sección civil, 9 en la penal y 7 en la laboral. En la Sala Penal, 7 de los 9 jueces hemos tenido algún problema de seguridad. Al doctor Ibáñez, hace un mes, le asaltaron en la calle, maniataron a su familia y se llevaron su computadora. No robaron nada más, lo cual deja abierto un interrogante. También ha habido amenazas de muerte a los magistrados. Eso no significa que claudiquemos. Hemos afirmado que este proceso se lleva adelante a cualquier precio. Estamos absolutamente comprometidos.

Es decir, que cuando la corte hurga en las heridas, hay un latigazo y presiones contra ella.

Efectivamente, pero nunca la han derribado. Es decir, de peores situaciones hemos salido y esto no va a ser la excepción. Si en el pasado la CSJ no ha cedido ante situaciones tan duras, menos ahora. El bastión moral tiene que estar ahí. Y ahora estamos ahí con toda la determinación. Se nos ataca y se nos dice de todo, nos llaman delincuentes y eso no nos amilana. Eso es lo que les molesta.

Hay congresistas que están renunciando a su fuero para evitar ser investigados por la CSJ y pasar a la vía, más lenta, la de la justicia ordinaria.

Sí, pero si la conducta investigada ocurrió durante el mandato del congresista, aunque renuncie a su fuero, la competencia de la CSJ se mantiene. La CSJ pierde la jurisdicción sólo si la persona es investigada por hechos cometidos antes de ser congresista.

La coalición gobernante propuso una enmienda constitucional cuya aprobación habría supuesto que la CSJ no pudiera investigar más estos temas.

Sí, se intentó enmendar la Constitución. Por fortuna, la medida fracasó.

El escándalo del paramilitarismo parece mostrar que este ha invadido los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo.

El paramilitarismo ha adquirido un impacto y un radio de acción muy preocupante. Algunos [líderes] paramilitares como [Salvatore] Mancuso o Carlos Castaño dijeron que tenían el 35% del Congreso. Eso despertó el interés del CSJ. De ahí la arremetida en contra la Corte. Pero el proceso ha avanzado significativamente. Y hay que destacar que los ataques no vienen del Congreso. Este ha sido respetuoso. El hecho de que haya algunos miembros del congreso que estén siendo investigados no significa que el Congreso entero sea malo. Tenemos que pensar que estamos saneando ese Congreso para que sea lo suficientemente bueno y fuerte para conservar la institucionalidad.

Otro escándalo, el de los llamados falsos positivos [civiles asesinados, pero presentados como guerrilleros abatidos en combate por las fuerzas de seguridad] no está siendo suficientemente investigado y la impunidad al respecto parece prevalecer.

Los falsos positivos son muy recientes en su ocurrencia. Y aún no se conoce la actividad del Estado frente a ello. Pero la Fiscalía General está investigando, tiene pruebas importantes y yo tengo esperanza de que a medio plazo tendremos resultados muy positivos en eso.

¿Cómo definiría la situación de derechos humanos en Colombia?

Hay un antes y un después de la Constitución de 1991. Hasta entonces, no existían los elementos normativos y jurídicos que comprometieran al Estado con los derechos humanos. Después, sí. Se crearon organismos como el Defensor del pueblo. En Colombia, antes de 1991, eran normales las violaciones de derechos humanos. Ahora persisten, pero cada día mejora la situación. Colombia ha pasado de violador a ser un país que empieza a ser protector. Desde luego, hay excepciones: encontramos las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos. Pero son excepciones. Funcionarios, no instituciones, que se apartan del mandato normativo.