Nike y Adidas reclaman a EEUU que apoye a Zelaya

Las ricas familias de empresarios hondureños que apoyaron el golpe de Estado contra Manuel Zelaya calcularon mal la reacción exterior. Las condenas de gobiernos y organismos internacionales al régimen de Roberto Micheletti se han visto reforzadas por un aliado insólito: las grandes multinacionales de prendas deportivas, con inversiones millonarias en el país centroamericano. Nike, Adidas, Gap y Knights Apparel han enviado una carta a la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, reclamando la restitución de Zelaya en la Presidencia.

"Creemos necesario unirnos al llamamiento de restauración de la democracia hecho por el presidente de EEUU, la Organización de Estados Americanos, la Asamblea General de Naciones Unidas y la Unión Europea", escribieron las empresas multinacionales, sumándose al clamor mundial que niega legitimidad al Ejecutivo de Micheletti y exige el regreso de Zelaya.

Las grandes compañías transnacionales se muestran "muy preocupadas por la situación en el país". Y piden a Clinton que las diferencias entre las partes "se resuelvan mediante un diálogo pacífico y democrático, y no a través de la acción militar".

Las multinacionales firmantes son los principales clientes de las maquilas centroamericanas. Contratan a más de 60.000 trabajadores en la región y facturan alrededor de 3.000 millones de dólares anuales, según un informe de Oxfam. Por ese motivo, tienen una gran influencia en el tejido empresarial hondureño y sus acciones sin duda debilitarán el apoyo, hasta ahora unánime, de la industria a los golpistas.

Según la presidenta de la Federación Sindical de Trabajadores Democráticos (FSTD) de Honduras, Fabia Gutiérrez, las multinacionales han amenazado con cancelar pedidos y rescindir contratos con maquilas en las próximas semanas.

"Esas empresas ya anunciaron que no enviarán más materiales para que sean ensamblados en Honduras, porque también ellas están recibiendo la presión de sus clientes, entre ellos, estudiantes de universidades de Estados Unidos", dijo a Público Gutiérrez.

La presidenta de la FSTD añade que las grandes empresas contratistas se han percatado de que los propietarios de las maquilas hondureñas obligan a los empleados a participar en las manifestaciones "por la paz y democracia" que montan a favor del Gobierno de Micheletti.

"Los gerentes de las maquilas obligan a los trabajadores a subir a autobuses y participar en las movilizaciones de camiseta blanca (pro-Micheletti). Algunos empresarios, como Arturo Corán, han despedido a trabajadores que se han negado a ir", denuncia por teléfono Israel Salinas, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras.

Una portavoz de Nike explica que su comunicado ha estado motivado por la vulneración de derechos fundamentales: "No hemos notado aún ningún impacto en la producción. Nuestra empresa está preocupada por los derechos de los trabajadores. Estamos inquietos por la situación y la democracia en Honduras".

Sin embargo, y aunque Nike lo niegue, en Honduras destacan que la producción ha disminuido notablemente desde el golpe de Estado del 28 de junio y las compañías tienen grandes dificultades para sacar las prendas deportivas del país.

"Cada jueves y viernes hay huelga nacional. En Honduras no se trabaja y eso está generando grandes pérdidas a las empresas. Es cierto que en las maquilas no se ha detenido la producción totalmente, sino de forma parcial, pero los paros cada vez tienen más fuerza; en las maquilas también", señala Salinas.

Junto a la movilización sindical, el toque de queda impuesto por el Gobierno golpista ha contribuido a romper el ritmo habitual de producción.

"Las maquilas que producen para las multinacionales de EEUU trabajan las 24 horas del día ininterrumpidamente. Sus trabajadores hacen turnos de 12 horas. Pero con la imposición del toque de queda los trabajadores no pueden llegar a las fábricas", cuenta por teléfono desde El Salvador el representante para Centroamérica del Comité Laboral Nacional, Sergio Chávez.

La falta de trabajadores obliga a parar máquinas e impide fletar los camiones para distribuir las mercancías. Además, el bloqueo de las principales carreteras del país que mantienen los partidarios de Zelaya retrasa aún más su exportación a EEUU.

Pese a la condena de las multinacionales textiles al régimen de Micheletti, hasta ahora la clase empresarial ha permanecido fiel. "Zelaya había tomado medidas que iban en contra de sus intereses, como imponer un salario mínimo y, sobre todo, acercarse a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y preparar leyes favorables a los campesinos y las cooperativas. Querían impedir eso a toda costa", señala Israel.

Por eso, dueños de maquilas como Jesús Canahuati y Jacobo Kattán han viajado un par de veces a Washington en busca de apoyos al golpe. La reacción de las grandes firmas de EEUU es la puntilla para su empeño.

 

La mayor experta en temas militares de Honduras, la investigadora de la Universidad Nacional Leticia Salomón, destapó los entresijos del golpe de Estado. Y lo explicó como un detalle sin importancia ante una concurrida audiencia presente en una mesa redonda: "Fue planeado por un grupo empresarial liderado por Carlos Roberto Facussé, ex presidente de Honduras (1988-2002) y dueño del periódico ‘La Tribuna', que junto con ‘La Prensa', ‘El Heraldo', los canales de TV 2, 3, 5 y 9 fueron el pilar fundamental del golpe".

El grupo al que se refería Salomón se completa con Jaime Rosenthal y Gilberto Goldstein, dirigentes el Grupo Continental, el emporio que monopoliza la banca hondureña, la agroindustria y medios de comunicación como ‘El Tiempo' y ‘Canal 11'. El resto de las familias que apoyaron el golpe contra Zelaya y que controlan el 90% de la riqueza que produce el país son: José Rafael Ferrari, Juan Canahuati, el financiero Camilo Atala, el maderero José Lamas, el empresario energético Fredy Násser, Jacobo Kattán, el industrial azucarero Guillermo Lippman y el constructor Rafael Flores.

Un personaje fundamental en esta conspiración fue el magnate Miguel Facussé, condecorado por el Senado colombiano en 2004 con la Orden Mérito a la Democracia, y quien hoy monopoliza el negocio de la palma aceitera y en 1992 apoyó la compra de tierras a los campesinos a menos del 10% de su valor real.