Una mujer de 30 kilos y 1,49 metros, a juicio por agredir a un policía cuando iba a ser deportada

Sandra pesaba treinta kilos, no llega a metro y medio de altura y, cuando presuntamente agredió a un policía encargado de su deportación, tenía los pies y las manos embridadas. Su relato dista de la versión del agente, que la acusó de atentado contra la autoridad y lesiones, delitos por los que esta mañana se ha sentado en el banquillo de un juzgado madrileño.

El cuerpo armado no ha querido dar explicaciones y se remite a las declaraciones efectuadas ante el juez. La crónica de Sandra llega por boca de miembros de la Campaña por el Cierre de los CIE y de Women's Link Worldwide, la organización que se encarga de su defensa. Ambas se retrotraen a 30 de agosto de 2011, cuando fue ingresada en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche tras ser identificada como residente en situación administrativa irregular. La paradoja es que sucedió en una comisaría madrileña, a la que había acudido para denunciar una agresión.

Seis días después, "la policía intentó ejecutar por primera vez la expulsión, aunque ella opuso resistencia física y consiguió que no la subieran al avión", según un informe de Women's Link que documenta la situación de las mujeres en estas instalaciones. Decidió entonces revelar a las fuerzas de seguridad que había sido explotada sexualmente, que sufría amenazas y que estaba dispuesta a colaborar con las autoridades. La Brigada Provincial de Extranjería y Documentación consideró que no existían "indicios razonables" de que fuera víctima de trata y, con su informe negativo sobre la mesa, la Delegación del Gobierno en Madrid le denegó el período de reflexión.

Éste se concede para que las víctimas puedan recuperarse y librarse de la influencia de sus explotadores, así como para decidir si quieren cooperar con las autoridades en la investigación del delito. En España, dura al menos treinta días y evita que, durante ese tiempo, se ejecute la expulsión. "Sandra estaba aterrorizada con la posibilidad de regresar a su país", explica Gema Fernández, que lleva su caso. "Es indignante que el discurso oficial insista en la protección a las víctimas de trata y luego las autoridades se tapen los ojos y las expulse", añade la abogada de Women's Link, que confía en que el juez estime que el testimonio del denunciante "no tiene presunción de veracidad" aunque sea un agente. "Es su palabra contra la de ella".

La acusada sostiene que 6 de octubre de hace tres años se cortó los brazos con un envase de plástico para frenar su inminente expulsión. Aun así, "cuatro agentes del centro de internamiento la agarraron con fuerza de los brazos y la derribaron al suelo, donde la redujeron con toda violencia, propinándole varias patadas en distintas partes del cuerpo", según CIE No, que engloba a varias organizaciones en contra del encierro de los migrantes. "La sujetaron de pies y manos y, ante los gritos que lanzaba diciendo "¡no me peguen!", le colocaron un esparadrapo en la boca para impedirle que gritara".

Después llegó el Samur para prestarle atención sanitaria antes de continuar con el operativo de expulsión; también los dos agentes encargados de su traslado al aeropuerto de Barajas. Uno de ellos le pidió que se cambiase de ropa, pues estaba ensangrentada. Ella se negó y el policía "añadió la violencia física a toda la violencia verbal que había desatado contra Sandra, hasta el punto de arrancarle mechones de pelo y golpearle la cabeza contra la pared". Cuando le iba a tirar de la segunda trenza, reconoce la abogada, reaccionó "instintivamente" y arañó al agente en un brazo, "aunque él alega que también le dio una patada en las costillas".

La acusada lo niega y a Fernández le parece "inverosímil". Sin embargo, el parte médico del Samur resulta "bastante parco", ya que se limita a señalar que le curaron las heridas y que estaba nerviosa. "Es curioso compararlo con el del policía, de la misma manera que también resulta interesante ver el diferente recorrido judicial que han tenido las dos denuncias. La de él ha terminado en este juicio y la de ella fue archivada en dos ocasiones por el juez", concluye la abogada, que insiste en la desproporción de fuerzas. "No se entiende muy bien cómo seis policías son incapaces de hacer su trabajo de forma efectiva sin que nadie resulte lesionado".

Finalmente, no fue deportada. Dos miembros de la asesoría jurídica de la red de apoyo Ferrocarril Clandestino visitaron el CIE de Aluche, advirtieron que estaban ante una víctima de trata y pusieron su caso en manos de Women's Link, que recurrió infructuosamente la denegación del período de reflexión, endiente de resolución por el Tribunal Supremo.

Sandra es latinoamericana y actualmente tiene 44 años, seis de ellos en nuestro país. Tras casi dos meses de internamiento, fue puesta en libertad "por imposibilidad de documentar", según el informe Mujeres en los Centros de Internamiento: Realidades entre rejas, elaborado a partir de entrevistas a las internas, donde se exponen las obligaciones incumplidas: identificar con personal formado y cualificado; no devolución en caso de peligro a la vida o integridad de la persona; reconocer el derecho a un periodo de reflexión no condicionado a la cooperación con las autoridades; prestar asistencia y apoyo a las víctimas; retorno asistido y seguro o de conceder autorización de residencia y trabajo; investigar y perseguir a los autores del delito de trata.

"Pero no fue así, a pesar de facilitar datos y haberse ofrecido para colaborar en la investigación", denuncia Fernández, quien considera que la resolución de la Delegación del Gobierno que deniega el período de reflexión "no argumenta el rechazo, cuando es obligatorio que esté motivada". Sandra, que ya ha regularizado su situación y recuperado trece kilos, fue juzgada hoy por agredir a un agente, cuando asegura que la agredida fue ella. "Hay informes periféricos que documentan la existencia de malos tratos y abusos policiales en el CIE de Aluche", recuerda la abogada. En este caso, también hay testigos que afirman que escucharon ruidos, golpes y gritos: "¡Me pegan! ¡Me están pegando!".

Las organizaciones de la Campaña por el Cierre de los CIE denuncian la "enorme violencia" con la que se emplean los agentes para llevar a cabo los vuelos de deportación (tanto en el CIE como en el calabozo, el aeropuerto o el avión) y critican el protocolo de actuación aprobado tras la muerte en 2007 de un migrante nigeriano que, tras ser amordazado, falleció por asfixia cuando era repatriado en avión. "Se presentó como una medida tendente a garantizar los derechos humanos, pero en realidad se trata de un documento que legaliza una amplia gama de instrumentos represivos al servicio de la escolta policial", critica CIE No, que sostiene que a algunas personas "les introducen bolas de goma en la boca para que no puedan gritar" y que otras "son sedadas para acometer su deportación sigilosamente".

Este diario se ha puesto en contacto con varios departamentos de la Policía Nacional para que ofreciese su versión de los hechos, pero el cuerpo armado se remite a las declaraciones que se han efectuado durante la celebración del juicio; y también ha solicitado por enésima vez en los últimos meses una entrevista con un portavoz de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, con la callada por respuesta.