Las cuentas públicas de 2013, presentadas esta semana por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han puesto de manifiesto la incapacidad del PP para cumplir sus propios objetivos de déficit. La Administración central del Estado, incluyendo la Seguridad Social, cerró el pasado ejercicio con un desfase equivalente al 5,49% del PIB, por encima del 5,2% previsto. Otro tanto ocurrió con seis autonomías (Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y Navarra), de las que las cuatro primeras están gobernadas por otros tantos barones del PP.

En total, el déficit público ascendió a 67.755 millones de euros en 2013, lo que representa un 6,62% de la riqueza nacional. Pese a los recortes y las subidas de impuestos, la reducción respecto al año anterior fue de poco más de dos décimas (3.000 millones en números redondos). Como consecuencia de ello, el tope negociado con Bruselas, que inicialmente exigía un 4,5%, pero luego admitió que se llegara al 6,5%, tampoco se respetó en 2013. Aún peor es el balance si se incluye el coste de las ayudas a la banca imputables a ese ejercicio y que el Gobierno cifra en 5.000 millones de euros adicionales.

El desvío más llamativo en las autonomías del PP corresponde a Murcia, que duplicó su objetivo de déficit: frente al 1,59% pactado con el Gobierno, se quedó en el 3,17%. En descargo del ejecutivo regional presidido por Ramón Luís Valcárcel, cabe decir que en 2013 asumió las ayudas por el terremoto de Lorca. La Comunidad Valenciana de Alberto Fabra cerró con un 2,33% de déficit, pese a que su límite era del 1,60%; Castilla-La Mancha, feudo de María Dolores de Cospedal, con un 2,13% (1,30%), y Aragón, donde gobierna Luisa Fernanda Rudí, con un 2,06% (1,30%).

El objetivo de déficit fue el año pasado a la carta; es decir, pactado por cada autonomía con el Ministerio de Hacienda. A pesar de ello, en la presentación de las cuentas, Montoro se abstuvo de lanzar reproche alguno a los incumplidores, contraviniendo lo que ha sido su costumbre. Antes al contrario, dedicó un elogio generalizado por los esfuerzos hechos para embridar las cuentas públicas en medio de la recesión.

Las otras dos autonomías que no hicieron sus deberes, Catalunya y Navarra, se pasaron del límite por algo más de cuatro y tres décimas, respectivamente. En el lado opuesto, los mejores resultados se los apuntaron Canarias, Baleares y Castilla y León, con dos décimas menos de déficit de lo estipulado. El desfase de las administraciones central y regional fue atenuado por el superávit de las corporaciones locales, equivalente a 0,41% del PIB y que se explica, en términos generales, por la subida del IBI y los recortes a la financiación de los servicios sociales.