Montoro admite el riesgo de contagio bastante evidente por la situación de Grecia

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha admitido hoy que la situación de Grecia hace que España y otros países como Portugal e Italia tengan riesgos de contagio "bastante evidentes".

En una entrevista en Onda Cero, Montoro ha subrayado que hay que aprender la lección de que en el club del euro hay que respetar las reglas de la estabilidad presupuestaria y la cohesión social y ha añadido que es "lamentable" que en determinados países esas normas no sean aceptadas.

Montoro ha resaltado que no se progresará en la zona del euro con imposiciones, "porque Europa es un club de voluntarios".

El ministro de Hacienda ha señalado que a finales de este mes estará lista una línea ICO para el pago a proveedores por parte de las corporaciones locales, que se unirá a la que ya está en marcha con las comunidades autónomas.

Además, ha afirmado que a comienzos de marzo las empresas podrán pagar el IVA de sus facturas cuando realmente las cobren, algo que empezará "de forma escalonada con las empresas que pueden ser gestionado mejor su control por parte de la Agencia Tributaria para luego extenderlo al resto de pymes y autónomos".

Montoro ha defendido la reforma laboral, que supone una modernización de las relaciones laborales, la más importante desde el Estatuto de los Trabajadores, y ha pedido al PSOE que se comporte al respecto como lo hizo el PP con la elaborada en 2010 por el gobierno socialista y que ponga sobre la mesa cuál es su propuesta, "si la tiene" y si no que apoye al Gobierno.

El ministro de Hacienda ha subrayado que no tiene ningún sentido llevar al Tribunal Constitucional la reforma porque introduciría inseguridad y ha recalcado que el texto está "muy medido" para atenerse a la Constitución.

Montoro ha señalado que todos tendrán oportunidad de hacer propuestas al tramitarse como ley y ha incidido en que es tiempo de negociar y no de amenazar.

En este sentido, ha dicho que no hay que confundir los debates políticos y la defensa de los intereses de los agentes sociales "que se entienden aceptables", con llevar adelante un planteamiento que genere incertidumbre en los agentes sociales y en quienes deben contratar.