En chabolas construidas con palets de madera cubiertas de cartón y plástico, a más de cinco kilómetros del punto de agua potable más cercano y sin acceso a servicios básicos. Estas son las condiciones en las que sobreviven miles de jornaleros migrantes en Andalucía ante la pandemia mundial de coronavirus. Para evitar el riesgo de contagio, "necesitamos que el Gobierno actúe con urgencia", asegura a porCausa el portavoz del Colectivo de Trabajadores Africanos, Amadou Doumbia.

El sector hortofrutícola emplea a miles de personas migrantes en el sur de la península. Muchos de estos jornaleros y temporeros extranjeros se ven obligados a vivir en asentamientos chabolistas. En concreto, en Almería se cuantifican alrededor de 7.000 personas, mientras que en Huelva unas 5.000, según los datos facilitados por el secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales. Estos trabajadores aspiran a tener una vivienda digna y están dispuestos a pagar un alquiler. Sin embargo, "se ha generado un prejuicio y un rechazo hacia este colectivo que complica su acceso", explica Morales.

A la vez que el Gobierno paraliza las actividades no esenciales hasta el 9 de abril en España, el sector agrícola no entiende de pandemias. Los jornaleros continúan trabajando para abastecer la asistencia mínima de productos de primera necesidad. No obstante, Doumbia denuncia las condiciones "pésimas" que llevan experimentando los trabajadores en los asentamientos desde hace décadas. El relator especial de las Naciones Unidas, Philip Alston, en su última visita a España, ya criticaba la situación de los jornaleros migrantes de la provincia onubense que "rivalizan con las peores" de otras partes del mundo.

Ahora, para hacer frente a la covid-19, siguen sin contar con un sistema de saneamiento ni de residuos adecuado para llevar a cabo las medidas básicas de higiene ni disponen de materiales de protección y seguridad. Esta situación atenta contra la salud pública, incrementando el riesgo de contagio del virus en esas zonas, incluso "podría generarse un gran vector de transmisión", asegura Vladimir Morante, coordinador en Andalucía de Médicos en el Mundo.

En este contexto, el pasado viernes 20 de marzo, el Colectivo de Trabajadores Africanos (CTA) solicitó al Ministerio de Sanidad acceso al agua y saneamientos en los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva. Al no obtener respuesta, dos semanas después de la declaración del estado de alarma, un temporero de Lepe demandó al Gobierno por confinarle en estas condiciones que atentan contra los derechos humanos esenciales, como figura en la demanda. La Consejería andaluza de Salud y Familias y los ministerios de Defensa, y Asuntos Sociales no han respondido a las preguntas formuladas desde porCausa al respecto.

Desde el Ayuntamiento de Lepe indican que ya se han tomado medidas en estas inmediaciones, como, por ejemplo, suministrar agua potable con cuatro puntos de agua fijos y un camión cisterna. Además, el consorcio de Lepe ha instalado puntos de recogida de basura y ha solicitado la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Por su parte, la asociación Asnuci ha puesto duchas a disposición de este colectivo en un edificio municipal y en el comedor social que gestiona Fecons. Estas medidas se contraponen con las denuncias de la Mesa Social de Agua de Andalucía, que el pasado domingo señaló que estos asentamientos de jornaleros migrantes "siguen en las mismas condiciones de insalubridad, elevadísimo riesgo sanitario y sin acceso mínimo al agua potable".

Ante la imposibilidad de cumplir con lo que recomienda el Ministerio de Sanidad en dichos asentamientos, tanto en Almería como en Huelva, Andalucía Acoge, Médicos del Mundo o Cruz Roja y otras organizaciones y sindicatos están apoyando a este colectivo para afrontar la crisis generada por la covid-19. No obstante, la situación en los asentamientos se agrava aún sin contar con ningún caso positivo. "Requerimos del apoyo de las instituciones competentes y su coordinación", coinciden estos organismos.

"Las medidas que se han tomado por parte del Gobierno son insuficientes", asegura la secretaria de Política Social y Migraciones de CC OO Andalucía, Rosa Berges. Por ello, insiste en la posibilidad de realojar a los trabajadores migrantes "de forma urgente", aquí y en otras provincias españolas. Así, propone habilitar algún espacio de la Junta de Andalucía, instalar campamentos prefabricados utilizados en situación de catástrofe o ceder las viviendas que ocupan los temporeros que no acudirán al campo este año. Además, Vladimir Morante, pide la implementación de mayores medidas de seguridad y protección, sobre todo para jornaleros que pertenezcan a grupos de riesgo como pueden ser personas con patologías previas, embarazadas o mayores de 65 años.

Por otra parte, preocupa al sector la carencia de mano de obra a raíz del cierre de fronteras que, en condiciones normales, se cubren con trabajadores temporales migrantes. La Comisión Europea, ha solicitado a los Estados miembro que se reconsidere el acceso a este colectivo para asegurar el abastecimiento de productos frescos en los supermercados. Ante esta emergencia, Doumbia hace un llamamiento al Gobierno para que tengan en cuenta también a las personas que no tienen la documentación en regla en España y se concedan permisos de trabajo, al igual que hizo el Gobierno de Portugal. También lo solicitaba, la semana pasada, la parlamentaria de Adelante Andalucía, María Gracia González, al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, equiparándose con la situación de la población migrante en el ámbito sanitario.