La Mesa del Congreso ha frenado este martes la petición registrada por Amaiur para que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, explique ante el Parlamento el caso de los locales que el Ayuntamiento de Vitoria alquiló cuando él era alcalde y que, según el Tribunal de Cuentas, presenta indicios de responsabilidad contable.

Según han informado fuentes parlamentarias, el órgano de gobierno de la Cámara no ha calificado la iniciativa porque no es competencia del Congreso pedir cuentas a un miembro del Gobierno por asuntos relativos a las responsabilidades que tenía antes de ser ministro.

El contrato investigado fue firmado por el gobierno municipal del PP --en el que Alonso era alcalde y su sucesor, Javier Maroto, concejal de Hacienda-- con el empresario Gonzalo Antón. A través de este documento, el Ayuntamiento de Vitoria arrendó a Antón unos locales en la calle San Antonio por un precio final de 7,6 millones de euros y un periodo de veinte años, cuando los locales habían sido comprados un año antes por 2,7 millones de euros.

Los funcionarios de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sostienen que hay hechos que "reúnen aparentemente los requisitos para generar una posible responsabilidad contable" y precisan la cuantía: 516.514,36 euros, entre principal e intereses de demora, señalando a los integrantes de la Junta de Gobierno Local que aprobó la suscripción del contrato de arrendamiento. Se trata de once personas, entre ellos el exalcalde y hoy ministro, Alfonso Alonso, el actual regidor y candidato a la reelección, Javier Maroto.

Si nadie demanda, se archivará el caso 

Eso sí, el Tribunal de Cuentas ha precisado que el procedimiento para exigir responsabilidad contable a Alonso, Maroto y el resto de ediles del PP sólo puede seguir adelante si alguna de las partes (Ayuntamiento de Vitoria y Fiscalía) decide interponer una demanda. En caso contrario, se archivará.

En ese contexto, la oposición municipal de Vitoria (PNV, EH Bildu y PSE-EE) presentaron el pasado 9 de marzo una iniciativa conjunta pidiendo al Ayuntamiento que se persone en la causa abierta en el Tribunal de Cuentas para demandar.

Y, en ese contexto, Amaiur pidió que el propio Alonso compareciera ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas para explicar este caso y dar su versión de ese contrato de alquiler.

Sin embargo, la Mesa del Congreso no ha dado vía libre a esta solicitud alegando que la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas no prevé más comparecencias que las del presidente del órgano fiscalizador y que el asunto por el que se interesa la coalición aberzale no es competencia de la Cámara Baja ni se refiere a las responsabilidades de Alonso como ministro.

Además de esta petición ahora rechaza, el diputado de Amaiur Iker Urbina tiene registradas una serie de preguntas para saber, entre otras cuestiones, qué opina el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que uno de sus ministros esté siendo investigado por el Tribunal de Cuentas y se le haya aplicado una fianza de medio millón de euros.