'Gobernar en democracia sería mucho más sencillo si no hubiera que ganar constantemente elecciones'. La inspiración del político francés, Georges Clemenceau planea estos días sobre el Ejecutivo y la oposición que en las últimas semanas han recibido varias propuestas de reforma del mercado laboral que han tratado de esquivar discretamente. La más importante ha sido la suscitada por la Fundación de Estudios para la Economía Aplicada (Fedea) que surgió hace apenas un mes.

Público ha consultado a varios de los economistas que suscribieron aquel manifiesto para que destaquen las medidas más urgentes a adoptar en el mercado laboral y la coincidencia es plena: se debe acompasar el cambio de modelo productivo con una nueva organización del mercado de trabajo que elimine la temporalidad, lo que consideran su componente más injusto.

La desigualdad de la que advierten los expertos es la de los trabajadores temporales, que apenas tienen protección en caso de despido. El profesor Javier Díaz-Giménez (IESE Business School, Barcelona), es categórico con lo que se debe hacer: 'La protección media del trabajador es muy baja, hay que subirla. Y la reforma que hay que acometer no tiene nada que ver con esta crisis en concreto, lo pudo haber hecho el PP, el PSOE, UCD y hasta Franco, pero no lo ha hecho nadie y si no lo hace este Gobierno, lo tendrá que hacer el siguiente'.

Según sus cálculos, sólo una parte de los trabajadores españoles está realmente protegida por la indemnización de 45 días de despido por año trabajado mientras que los temporales prácticamente no tienen derechos y un gran número de empleos se mantienen en la economía sumergida sin ninguna protección.

José Ignacio García Pérez (Universidad Pablo Olavide, Sevilla) explica que la mejor fórmula sería la de crear un único contrato con una indemnización por despido creciente y muy gradual, que debería partir de 10 días por año trabajado (los temporales ahora tienen 8) e incrementarse 2 ó 3 al año hasta un tope de 35 días.

Luis Garicano (London School of Economics, Londres) defiende que el objetivo 'no es beneficiar a los empresarios que ya reciben subsidios' sino mejorar la base actual. Pero además, aboga con fuerza por descentralizar el modelo de negociación colectiva haciendo hincapié en que los convenios deben adaptarse a la situación de la empresa y ligar los salarios a la productividad.

Para Pablo Vázquez, de la Universidad Complutense de Madrid y director ejecutivo de Fedea, la reforma de la prestación por desempleo es la materia más urgente a abordar y pide su ampliación (para el subsidio asistencial), de forma que ningún parado se quede sin cobertura.

Una vez sobrepasada la recesión, los expertos también coinciden en que habrá que modificar el sistema de cobro de la prestación contributiva y orientarla a la búsqueda de empleo por parte del parado. Xavier Vives (IESE Business School) asegura que el sistema actual no incentiva a los parados a buscar empleo y al mismo tiempo no los protege.

El sistema que propone Juan José Dolado (Universidad Carlos III, Madrid) es redistribuir la cuantía actual, de forma que se cobre el 90% de la base de cotización los primeros seis meses y que bajara al 60% los diez meses siguientes para que el salto no fuera tan brusco.

Además de la ampliación del seguro de desempleo, los expertos creen que este debe estar más ligado a las políticas activas de empleo y formación. Para Florentino Felgueroso (Universidad de Oviedo) sería la primera tarea a asumir con la ventaja de que no necesitaría de un largo proceso de concertación social.

Así, la mayoría cree que el sistema actual de bonificación a las contrataciones no tiene sentido porque no liga el subsidio al empresario con un compromiso por su parte a formación. García Pérez apunta que se podría reformular el cheque empleo aprobado por el Gobierno -por el que el parado puede capitalizar su prestación de forma que sirva para bonificar un contrato- y ligarlo a la formación del empleado.

Todos concuerdan que la eliminación de la temporalidad ayudaría a que empresa y trabajador hicieran una apuesta por la formación. Sergi
Jiménez, (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona), se lamenta de que en estos momentos la formación está excesivamente controlada por sindicatos y patronal.

Michele Boldrin (Washington University, Sant Louis, EEUU) también está de acuerdo con la necesidad de ampliar el seguro del paro en la coyuntura actual pero aboga por bajar los impuestos sobre la renta a los trabajadores con los salarios más bajos como primera medida de ayuda en el corto plazo.