El paquete de 'medidas urgentes para el mantenimiento del empleo' ideado por el Gobierno en enero consiguió suscitar ayer su primer consenso: el de que debe seguir en trámite parlamentario para recibir 'mejoras'.

Las medidas que contempla el real decreto, principalmente bonificaciones a la contratación de parados y mejora en la prestación por desempleo en caso de estar afectado por un Expendiente de Regulación de Empleo (ERE), se sometieron al escrutinio de patronal y sindicatos en el Diálogo Social durante semanas sin conseguir un acuerdo. La dilación en las conversaciones llevó al Gobierno a liquidar las negociaciones y a aprobar las medidas por real decreto el 6 de marzo.

Pese al rechazo de ayer del Congreso a dejar que el texto se convierta en ley tal y como lo presenta el Gobierno, las iniciativas están ya vigentes desde el pasado 10 de marzo y no se verán afectadas por el trámite parlamentario.

Así, si un empresario se quiere acoger, por ejemplo, a su derecho a la bonificación del 50% de la cuota de la Seguridad Social que debe pagar a sus trabajadores durante la suspensión temporal, puede hacerlo sin temor a que los cambios que se puedan producir en el trámite parlamentario, ya que estos no tendrán carácter retroactivo.

Pese a esta operatividad, fuentes parlamentarias reconocen que la provisionalidad de la norma no favorece al clima social y disuadirá a algunos empresarios de acogerse a las medidas a la espera de conocer su resultado definitivo.

Una de las propuestas más controvertidas que recoge la norma es la de la bonificación de la contratación de parados con el uso de su prestación por desempleo por parte del empresario para pagar la cuota de la Seguridad Social. Los sindicatos y los partidos minoritarios de izquierdas lo consideran discriminatorio, pero Trabajo ha recordado que cualquier bonificación como las dirigidas a mujeres y discapacitados realiza una discriminación positiva.

La tramitación puede llevar a provocar el malestar sindical ya que tanto CiU como PP han expresado abiertamente su deseo de incorporar enmiendas al texto en línea con las demandas de la patronal. Así, quieren que las ETT intermedien también en la búsqueda de trabajo dentro de las oficinas del Inem, una idea rechazada por los sindicatos. Incluso el coste del despido puede pasar a debatirse en el Parlamento y no en el Diálogo Social. Sin embargo, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, confió ayer en que las enmiendas que se aprueben jueguen a favor y no en contra de las peticiones sindicales.