La Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) tiene previsto celebrar la 'marcha atea' convocada para el Jueves Santo por el centro de Madrid a pesar de la prohibición de la Delegación del Gobierno, aunque este colectivo y los que la secundan tomarán una decisión firme mañana. El presidente de AMAL, Luis Vega, ha criticado, en declaraciones a Efe, las consideraciones hechas ayer por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que dijo que no se permitirá la manifestación porque, además de haberse pedido fuera de plazo, supondría un problema de orden público.

Cifuentes incidió asimismo en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fallado a favor de la Delegación en las dos ocasiones anteriores en las que los colectivos ateos han pedido manifestarse el Jueves Santo y la Delegación no lo ha permitido. En opinión de Luis Vega, con estas declaraciones Cifuentes puede incurrir en un presunto delito de prevaricación y se demuestra que 'existe una connivencia entre la justicia y la política'. 'Es muy serio, porque con esas declaraciones se cierran totalmente todas las vías para que cualquier colectivo se manifieste en Semana Santa', ha añadido.

Por eso ha explicado que AMAL y otros colectivos que secundan la 'marcha atea' tienen previsto llevarla a cabo igualmente, aunque este asunto se debatirá con los asociados en las próximas horas. En este sentido ha dicho que la Delegación lleva a cabo una 'estrategia de criminalización' y de 'represión' por la que podrían multarles o incluso acusarles 'de ser filoetarras', en referencia a las declaraciones de Cifuentes sobre la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). AMAL y los colectivos que secundan la movilización analizarán también si presentan un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y si pueden recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Vega se ha mostrado reticente a la presentación de un recurso ante el TSJM porque los dos años anteriores falló a favor de la Delegación y supondría 'meterse en un callejón sin salida', además de que podría condenarles a pagar las costas del proceso, cosa que no hizo en las ocasiones anteriores aunque lo pidió la Fiscalía. Por su parte, Europa Laica, colectivo que apoya la 'marcha atea', ha considerado 'intolerable' que 'en un Estado de derecho se prohíba la libre manifestación pacífica de ciudadanos que defienden unas determinadas ideas que se atienen escrupulosamente a la legalidad vigente, en base a su libertad de conciencia y de expresión, mientras que una determinada ideología religiosa invade calles y plazas con el respaldo e incluso participación de las fuerzas de seguridad y orden público y de algunos políticos'.

En un comunicado, Europa Laica ha sostenido que esta actitud demuestra que España no es un Estado aconfesional, sino 'un Estado confesional católico' y que 'hay una doble vara de medir que atenta contra el principio de igualdad' que expresa la Constitución.