Los magistrados esperan zanjar la polémica

"Ningún juez plantea una cuestión de inconstitucionalidad si no tiene una duda, y una duda profunda". El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, defiende las reservas planteadas por algunos magistrados contra la redacción de la Ley Integral de Violencia de Género.

El responsable de la APM, organización de carácter conservador y mayoritaria en el colectivo de jueces, entiende que las dudas que estos magistrados han elevado al Constitucional no tienen un carácter "gratuito y caprichoso", ni están basadas en "individualidades que vayan más allá de la legítima duda".

"Dudas razonables"

García cree que "no es oportuno" que la APM entre en consideraciones sobre la decisión que está sobre la mesa del Pleno del TC. El portavoz de la asociación conservadora cree que su opinión podría considerarse una "injerencia". Sin adelantar vaticinios, García sí espera que la resolución del Alto Tribunal zanje "de una vez por todas" las dudas "razonables" subrayadas por 180 jueces.

El responsable de la APM cree que la precipitación está en el origen de la polémica. "Quizá por las prisas con las que la Ley fue alumbrada, se provocó que algunas de las premisas del texto no se explicitasen con suficiente claridad, de manera que hubo dudas legítimas para entenderlo".

Un texto constitucional

La interpretación definitiva corre a cargo del Tribunal Constitucional. Jaime Tapia, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia, vaticina que el Alto Tribunal rechazará las cuestiones planteadas contra la Ley. Opina que este texto otorga suficiente libertad al legislador para configurar los diferentes tipos penales.

Sin embargo, Tapia reconoce que la ley establece conceptos "dudosos". Se refiere a las penas excesivas para hechos que, antes de la ley, eran considerados simples faltas y a la diferencia de penas para hombres y mujeres en actuaciones similares. La última duda que asalta a Tapia es si el Código Penal puede ser utilizado en favor de una política de igualdad social.

En este último aspecto, es donde el portavoz de Jueces para la Democracia encuentra la clave para postularse a favor de la constitucionalidad de la ley. Según Tapia, la violencia machista existente en nuestra sociedad puede justificar que las mujeres necesiten un trato especial por parte del Código Penal, como en otras leyes ocurre con niños o personas desvalidas.

Por último, Tapia valora que la Ley establezca penas de trabajos en beneficio para la comunidad en lugar de prisión para garantizar la proporcionalidad entre penas y delitos cometidos.

"Discutible y dudoso"

En términos similares se manifiesta la asociación Francisco de Vitoria, de carácter moderado. Cree también que lo más probable es que el tribunal avale la actual redacción de la Ley. El portavoz de este colectivo de jueces, Lorenzo del Río, considera, en cualquier caso, que el asunto es "muy discutible y dudoso", aunque espera un fallo favorable a la Ley: "Creo que el Constitucional apuesta por entender que no es discriminatoria y, que, en ese sentido, no quiebra el principio de igualdad".

El portavoz de la Francisco de Vitoria coincide con este veredicto: "No discrimina, no hay una situación idéntica en el padecimiento de un hombre y el de una mujer".