Los líderes de la UE aprueban el Pacto Europeo sobre la Inmigración

Los líderes de la Unión Europea aprobaron hoy formalmente el Pacto Europeo sobre la Inmigración, sobre el que se construirá la futura política común comunitaria en este asunto, y que busca fijar un control estricto de los flujos migratorios.

El Pacto fue respaldado "por unanimidad" y con él "Europa se dota de una auténtica política de inmigración", algo que era "indispensable", afirmó el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien ejerce la Presidencia de turno del Consejo Europeo, en una conferencia de prensa.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, destacó la "importancia" de que la UE tenga "un marco común" para la política migratoria, que estará encuadrado por "la legalidad y solidaridad" de los países de la UE y la cooperación con los países de origen, añadió en declaraciones a la prensa.

El Pacto busca una política migratoria "justa, eficaz y coherente", según el documento de conclusiones aprobado por los jefes de Estado y Gobierno, que añade la necesidad de una "buena gestión" de la inmigración en interés de países de salida y acogida, pero también de los propios inmigrantes.

El documento se pronuncia contra las regularizaciones masivas, pues sólo se harían caso por caso, y señala que los inmigrantes ilegales deberán abandonar el territorio comunitario.

El Pacto establece una serie de principios que se convertirán en medidas concretas, algunas ya en proceso de elaboración, y la Comisión Europea presentará en mayo del año próximo un plan de trabajo para la aprobación y puesta en marcha de todas ellas.

La aplicación concreta del Pacto será objeto de un debate anual a partir del Consejo Europeo de junio de 2010, según acordaron los jefes de Estado y Gobierno.

El documento, que es uno de los ejes de la Presidencia francesa de la UE durante este segundo semestre, establece la puesta en marcha de una gestión de la inmigración más estricta, controlada y vinculada a las necesidades del mercado laboral de los países comunitarios.

El Pacto se articula en torno a cinco puntos básicos: organizar la inmigración legal según las necesidades y la capacidad de acogida; combatir la inmigración ilegal y expulsar a los irregulares; fortalecer los controles fronterizos; aumentar la cooperación con los países de origen y mejorar el sistema de asilo.

"La Unión Europea no dispone de medios para acoger dignamente a todos los emigrantes que esperan hallar una vida mejor", señala claramente el Pacto.

Por ello indica que la gestión de la inmigración debe tener en cuenta la situación del mercado laboral de la UE, así como los recursos disponibles en alojamiento, sanidad y educación.

Cada país comunitario decidirá las condiciones de admisión a su territorio y fijará el número de inmigrantes que puede acoger, siempre en función de las necesidades del mercado de trabajo.

El Pacto dice que los países de la UE fomentarán la integración de los inmigrantes y buscarán el equilibrio entre sus derechos y sus deberes, con medidas específicas para facilitar el aprendizaje de la lengua y el acceso al empleo.

Además, se defenderá el respeto de la identidad de los países comunitarios y de sus valores fundamentales (como derechos humanos, libertad de opinión, tolerancia, igualdad entre hombres y mujeres o escolarización obligatoria de los niños).

También se impulsará la admisión de trabajadores cualificados, aunque se favorecerá que sea temporal para evitar la fuga de cerebros.

Los mecanismos de reagrupamiento familiar serán más rígidos, pues tendrán en cuenta los recursos y condiciones de residencia, así como el conocimiento del idioma del país de acogida.

Para lograr las repatriaciones de irregulares, la UE intentará establecer acuerdos de readmisión con los países de origen, con los que también se quiere reforzar la cooperación en la lucha contra el tráfico de personas.

Además, como muy tarde a comienzos de 2012 se implantarán los visados con información biométrica, y para esa fecha también tendrá que funcionar un registro electrónico de salidas y entradas en la UE, a fin de detectar a las personas que violan las condiciones de su visado.