Mañana serán juzgados dieciocho miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) por una falta de desobediencia. Los activistas fueron denunciados después de concentrarse el 13 de octubre en el Ayuntamiento de Madrid con la intención de que la concejala de vivienda se reuniera con ellos. Su objetivo era buscar una alternativa habitacional a Julia, una anciana de 80 años con cáncer y una hijo con minusvalía psíquica que estaba a punto de ser desahuciada.

Los miembros de la PAH aseguran que los responsables de Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) les enviaron al Ayuntamiento con la promesa de que alguien les atendería. Sin embargo, cuando llegaron al consistorio, la seguridad del edificio les dijo “que no podían estar allí”. Los activistas no se movieron del lugar con la esperanza de poner reunirse con la concejala. Sin embargo, en lugar de encontrarse con la responsable de hacer efectivo el derecho de los madrileños a una vivienda digna, sólo recibieron atención por parte de la Policía Municipal, que los identificó y los denunció por una falta de desobediencia al negarse a desalojar el Ayuntamiento. 

“Se quieren cargar la movilización ciudadana a base de de multas, de miedo y de golpes”

Mañana el juez dirimirá si hubo desobediencia por parte de los activistas. Los miembros de la plataforma antidesahucios mantienen que su caso es una muestra más de la estrategia de amedrantamiento y criminalización de la protesta llevada a cabo por Partido Popular. “Se quieren cargar la movilización ciudadana a base de de multas, de miedo y de golpe”, asegura Felicita Velázquez, una de las activistas que mañana será juzgada. En caso de ser condenados, los dieciocho activistas tendrán que pagar una multa.

Según cuenta Manuel San Pastor, abogado de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social, la mayoría de los activistas que mañana serán enjuiciados son personas con pocos recursos. Seis de ellas han sido desahuciadas. Algunos de ellos guardan historias desgarradoras, como una madre de familia que fue desahuciada con sus dos hijos, uno de ellos de mes y medio. "En lugar de dar una solución habitacional a los afectados los denuncian", señala San Pastor.

Desde la plataforma aprovechan la coyuntura para mostrar públicamente su oposición a la ‘Ley Mordaza’. Con la norma que pretende instaurar el PP, su derecho a defensa quedaría anulado dejando las multas en manos de las fuerzas de orden público.

La vivienda de Julia fue vendida a un fondo buitre que le duplicó el precio del alquiler

La vivienda de Julia era una de las 1892 que fueron vendidas por la EMVS a Fidere (la empresa inmobiliaria de Blackstone BlackStone subiéndolas al doble el alquiler que pagaban. La Plataforma afirma que su único delito fue defender los derechos de Julia. “Solo intentábamos que se hiciera justicia con un caso dramático”, asegura Felicita. “De la noche a la mañana habían vendido su casa a un fondo buitre y le habían subido el alquiler”, recuerda indignada la activista.

La movilización de la PAH puso el foco mediático sobre el caso de Julia. La presión de los activistas y la exposición en los medios lograron que el desahucio se parase y abrió las vías a que llevaron a que actualmente Julia y su hija dipongan de una alternativa habitacional.