El Juzgado de Instrucción Número 4 de Madrid ha decretado en un auto la apertura de diligencias previas para dilucidar si existe una posible existencia de infracción penal en relación a la gestión de los tres hospitales de la región que ya tienen gestión externalizada (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).

Así lo ha detallado el juzgado en relación con un escrito presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) sobre posibles irregularidades en la gestión de estos centros hospitalarios. En este sentido, se da cuenta de su incoación de esta medida al Ministerio Fiscal y decreta que se practiquen diligencia previas. También se da un plazo de diez días para que el querellante ratifique el escrito presentado.

En un comunicado, Afem remarca que esta 'poniendo todos los medios lícitos' a su alcance para revertir privatización, ya sea con manifestaciones, huelgas o acciones jurídicas. Por otro lado, indica que presentará este jueves el recurso contencioso-administrativo contra el pliego de condiciones de la externalización de los seis nuevos hospitales y en el que solicita, además, la suspensión cautelar del proceso de licitación.

Precisamente este viernes concluye el plazo para presentar ofertas de cara a optar a la gestión privatizada de los los Hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), Hospital del Sureste (Arganda del Rey) y Hospital del Tajo (Aranjuez).

'La privatización de la gestión sanitaria no sólo no va a suponer un ahorro sino que va a salir más cara a los madrileños, no asegura la mayor calidad real posible en la atención a los pacientes y además vulnera normas desde el punto de vista legal y se producen irregularidades que pudieran ser constitutivas de supuestos delitos', remarca el colectivo en un comunicado. Finalmente, recrimina al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que no haya atendido a su juicio la opinión de los profesionales y la ciudadanía para 'replantearse su descabellado plan'. 'Sólo nos queda confiar en la justicia, y confiamos', detalla la portavoz de Afem, Fátima Brañas.