La justicia argentina ordena registrar las sedes de las administradoras de fondos de pensión

La justicia argentina ordenó ayer una serie de registros a las sedes de las diez administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP) que operan en el país, investigadas por presunta defraudación a la administración pública.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado Claudio Bonadio ordenó esos procedimientos en el marco de una causa iniciada por una denuncia hecha este martes por el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social, Guillermo Marijuan.

Los allanamientos buscan recabar información sobre las últimas operaciones efectuadas por las AFJP, firmas controladas mayoritariamente por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos.

Bonadio había notificado en la tarde de este martes a las diez AFJP que operan en Argentina que no podrán operar en el mercado en el plazo de siete días para no modificar la composición de su cartera de inversiones, con fondos por 98.000 millones de pesos (unos 30.600 millones de dólares), colocados principalmente en títulos públicos y en acciones.

La prohibición judicial fue emitida luego de que el juez admitiera una denuncia presentada por Marijuan, quien acusó a las AFJPs de liquidar súbitamente sus tenencias en bonos ante el inminente pase de sus fondos al sistema estatal por una reforma que el Gobierno argentino propuso oficialmente este martes.

El delito que se les imputa a las AFJPs es castigado con penas que van de dos a seis años de prisión.

Marijuan presentó la denuncia cuando los bonos soberanos argentinos, parte de ellos en manos de las AFJPs, sufrieron fuertes pérdidas por las masivas ventas desde el lunes, cuando se conoció que el Gobierno se proponía el traspaso de los fondos acumulados en la jubilación privada al sistema estatal.

Las tres mayores AFJPs de Argentina son Orígenes (controlada por la holandesa ING Insurance), Met (de la estadounidense Metropolitan Life) y Consolidar (del grupo español BBVA), que acaparan el 47 por ciento de los 9,5 millones de afiliados a la jubilación privada.