La Junta de Andalucía ha recurrido el auto de libertad bajo fianza de un millón de euros para el ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, preso por el "caso Malaya" y al que el primer juez instructor consideró presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística.

El Gobierno andaluz ha formulado hoy ante el Juzgado de Instrucción número 5 marbellí su recurso de reforma contra el auto del pasado 27 de marzo que cambia la situación de Roca y pide la prórroga de su prisión provisional sin fianza hasta el máximo.

La Junta ha informado de que plantea subsidiariamente que, en caso de acordarse que la prisión sea eludible bajo fianza, ésta se eleve a cinco millones de euros y se amplíen las medidas cautelares complementarias acordadas, incluyendo la prohibición de acercarse a puertos y fronteras, en iguales términos que en el auto se adoptan en relación a los aeródromos.

Este recurso se suma a los del fiscal anticorrupción, que se basa en el riesgo de fuga y en que posiblemente el ex asesor posea propiedades en el extranjero y cuentas en paraísos fiscales, y del Ayuntamiento de Marbella, presentado para defender los intereses del municipio y poder reclamar el "patrimonio esquilmado".

El Gobierno andaluz justifica la petición de prorrogar la prisión provisional sin fianza en la constitucionalidad de esa decisión en casos como éste "por la concurrencia de circunstancias que justifican la excepcionalidad de la medida como el riesgo elevado de fuga, que el propio auto reconoce".

La Junta considera que el riesgo se deriva "de la pena que podría llegar a imponerse en este sumario, sustancialmente superior a la petición de pena de diez años que contra el procesado se formuló en las diligencias previas".

Añade que el riesgo se acrecienta por la "indudable existencia de fondos en el extranjero de los que el procesado pueda disfrutar".

Ante ello, la Junta manifiesta su disconformidad con el magistrado instructor, Oscar Pérez, en la posibilidad de sustituir la prisión por otra medida cautelar al no compartir "la entidad que el auto otorga al hecho de que el procesado se haya sometido hasta ahora a la acción de la Justicia, y de la que se extrae la confianza en que no eludirá su responsabilidad en el presente sumario".

En el recurso también se señala la necesidad de prorrogar la prisión preventiva sin fianza para asegurar la ejecución del fallo, lo que el Gobierno andaluz cree que debe contemplarse "no sólo desde la perspectiva punitiva, sino también desde la de reparación del perjuicio económico, en este caso posible ante el gran patrimonio intervenido".

El recurso expresa además la disconformidad de la Junta con el importe de la fianza fijada para eludir la prisión y señala que "la cuantía de un millón de euros, aún cuando pueda parecer elevada, carece de efecto disuasorio alguno atendiendo a los datos que constan en este sumario".