La Junta Electoral de Cantabria ha desestimado esta tarde el recurso de Alternativa Castreña Independiente (ACAI) contra el acuerdo adoptado por la de Laredo, que dejó fuera de las elecciones al alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, condenado por prevaricación, en el último día de campaña.

De esta forma, la Junta Provincial ratifica el acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Laredo, que declaró inelegibles a Muguruza y a su teniente de alcalde, José Miguel Rodríguez López, quienes encabezaban la candidatura de ACAI, así como a Concepción Carranza, número 4 en la lista.

Los tres fueron condenados el jueves por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander a siete años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.

La Junta Electoral Provincial desestima el recurso de ACAI por los mismos fundamentos que se recogen en el acuerdo de la de zona.

En su resolución recuerda que, según la reforma de la Ley Electoral aprobada en enero, son inelegibles los condenados por sentencia aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado cuando se haya impuesto una pena de inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo, absoluta, especial o de suspensión para empleo o cargo público.

"Se trata por tanto -señala- de una norma especial aplicable al caso presente, que incluye el supuesto en la sentencia de condena no sea firme, que no exige la intervención del órgano penal de ejecución y que no supone la anticipación de la pena de inhabilitación sino una aplicación de las causas de elegibilidad e inegibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General", añade.

La Junta Electoral de Laredo precisó en su resolución de ayer que la baja de los tres candidatos de ACAI incluidos en la sentencia se entenderá cubierta por los siguientes en la lista, sin que haya que modificar las papeletas "dada la inminencia de la jornada electoral".

Muguruza, expulsado del PRC, y Rodríguez y Carranza, que se dieron de baja del PP tras ser suspendidos de militancia, fueron condenados por haber concedido durante la pasada legislatura de forma ilegal una obra municipal a la empresa dirigida por el hermano de otro edil del equipo de gobierno.