La Junta ha dejado de pagar en febrero las primas de las pólizas que afectan al menos a los expedientes de regulación de empleo (ERE) de las empresas de vinos de Jerez Zoilo Ruiz-Mateos y González Byass, que financia desde 2008. En consecuencia, al menos 124 trabajadores no han cobrado la prejubilación correspondiente al mes pasado, según afirmaron exempleados. La respuesta oficial que dio ayer el Gobierno andaluz a Público es que se produjo un 'fallo en la tramitación administrativa' de los pagos, que ya se ha llegado a un acuerdo con la aseguradora Generali para 'solventar los atrasos que haya podido haber' y que la situación está 'normalizada'.

Ambos ERE fueron tramitados, según explicaron los trabajadores, por la compañía de previsión social Uniter, cuyas sedes fueron registradas por orden de la jueza de instrucción Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes fraudulentos. Fueron también financiados por la Junta con cargo a la partida destinada a ayudas sociolaborales dotada con 647 millones de euros desde 2001, a la que el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, definió en un interrogatorio policial como un 'fondo de reptiles', expresión de la que después se desdijo en un comunicado público.

El ERE de Zoilo Ruiz-Mateos, empresa del grupo bodeguero Garvey y una de las 16 compañías de Nueva Rumasa ahora sujetas a suspensión de pagos, se aprobó en febrero de 2008 y comenzó a hacerse efectivo un mes más tarde, en marzo. Empleo adquirió entonces el compromiso de financiar parte de las prejubilaciones de los trabajadores de entre 52 y 59 años 30 hasta 2012. La empresa asumiría también determinados costes. Según los extrabajadores, la Junta ha dejado de pagar 1,2 millones de euros correspondientes a 2010.

'Normalmente cobramos la nómina el día 26, y hasta hoy [por ayer] día 1 ni nos la han ingresado ni hay perspectivas de que la ingresen por lo menos en esta semana', manifestó uno de los trabajadores afectados a Público. Los empleados tienen previstas varias reuniones para resolver los problemas derivados de la falta de pago de la Junta de Andalucía.

El ERE de González Byass ha estado en el centro de la pelea política después de que las investigaciones dirigidas por Alaya destapasen el escándalo de los falsos prejubilados y el reparto opaco de los 647 millones. Antonio Sanz, secretario general del PP, consideró en una rueda de prensa hace días 'llamativo' y no 'muy normal' que 'apareciese un consejero en un ERE otorgado por sí mismo'. Sanz se refería al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández (2004-2010). Su subordinado, el ex director general Javier Guerrero, uno de los 'actores' principales de la trama de colocación de falsos prejubilados, según la Policía, firmó en 2008 un protocolo de colaboración con una asociación de antiguos trabajadores de González Byass.

En el documento se recogen compromisos de pago por parte de Empleo a la asociación por importe de 17.459.092 euros para que esta contrate una póliza de seguro de vida modalidad de rentas. Como mecanismos de control se establecen dos, según el convenio. Por un lado: 'La asociación comunicará a la dirección general el procedimiento de pago y destino específico de las ayudas' y, por otro, una comisión de seguimiento, integrada por Guerrero, un representante de la asociación y un miembro de González Byass. En la lista anexa aparece entre los 94 extrabajadores con derecho a cobrar las rentas, el exconsejero Fernández. Allí aparece indicada su fecha de entrada en la empresa, que es la misma que su fecha de nacimiento. Fernández atribuyó esta circunstancia, según publicaron diversos medios, a un 'error humano'.

Fernández, ahora presidente del consejo regulador de los vinos de Jerez, dejó en 1981 de trabajar en González Byass y pasó a una situación de excedencia forzosa, al comenzar una etapa de trabajo sindical y político, lo que le obligaba a entrar en el expediente, según ha transmitido. No ha cobrado hasta ahora, según ha trascendido, ni un euro de lo que le correspondería como extrabajador de la compañía.

En el caso de González Byass, es la segunda vez que la Junta deja de abonar las pólizas, según representantes de la asociación. 'En septiembre se produjo el primer atraso. Protestamos y entonces la Junta ingresó 500.000 euros. Hicimos el cálculo y nos salía que había dinero hasta enero. En febrero o metía dinero o Generali no pagaba y así ha sido', aseguraron.

'Ahora, la Junta tendrá que renegociar y buscar una fórmula de pago porque aquí estamos 93 familias [todas menos el exconsejero]. Si no se renegocia la póliza nos quedamos comiendo del aire', dijeron los exempleados de González Byass. Al no pagar las pólizas, según explicaron, estas acumulan intereses y ello encarecerá finalmente lo que el Gobierno se ha obligado a abonar.