El juzgado de instrucción número 1 de Illescas ha emitido hoy un auto de rectificación para aclarar que la fianza que le ha sido impuesto al alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes (IU), por un presunto delito de calumnias tras la denuncia del constructor Francisco Hernando, El Pocero, es de 10.000 euros y no de un millón como se afirmaba en la resolución anterior.

Según el auto de rectificación de la jueza Carolina Hidalgo, el error material informático advertido ha consistido en "introducir más dígitos de los que proceden al fijar en el auto de apertura de juicio oral la cantidad que se considera procedente como fianza".

Ello lleva a "la consideración de que el error apreciado de oficio por este juzgado" en el auto de 23 de diciembre de 2009, notificado ayer a Hernando, "debe valorarse como un error material manifiesto y, por tanto, no sujeto a plazo según los artículos antes citados".

Por todo ello, agrega el nuevo, se debe corregir dicho error material con la presente resolución y considerar como cantidad ajustada a derecho en concepto de fianza la cantidad de 10.000 euros por la que debe ser requerido el acusado.

La fianza y la apertura de juicio oral contra el alcalde de Seseña se produce tras una de la decena de querellas presentadas por El Pocero por un presunto delito de calumnias por lo dicho en una entrevista publicada por el diario El Mundo el 14 de julio de 2006 en las que -según Hernando- se le acusaba de estafar a los propietarios de pisos construidos en El Quiñón y de comprar voluntades de concejales de Seseña.

La jueza de instrucción decide remitir el caso al juzgado de lo penal para que juzgue y emita la correspondiente sentencia.

El denunciante solicita, además de una indemnización de un millón de euros, cuatro años de prisión, dos por lo dicho en el citado periódico y otros dos años más por las manifestaciones del alcalde en una carta abierta remitida a los vecinos del Quiñón.

No es la primera vez que un juzgado le impone al alcalde de Seseña una fianza, ya que en julio de 2008 IU emprendió una campaña para recaudar fondos por otra fianza, en este caso de 133.000 euros, que le impuso otro juzgado también por calumnias y que acabó en una sentencia condenatoria para el alcalde y otros ediles de IU y que está recurrida en la Audiencia de Toledo.