El ex alcalde de Yaiza y vicepresidente del PNL, José Francisco Reyes, ha ingresado esta tarde en el centro penitenciario de Tahíche, en Lanzarote, por orden de la magistrada del juzgado de instrucción número dos de Arrecife.

Este juzgado investiga una supuesta trama para la concesión de licencias ilegales en la localidad turística de Playa Blanca, al sur de la isla.

Reyes, actual concejal del Partido Nacionalista de Lanzarote en Yaiza, ha ingresado en prisión después de que la magistrada le tomara declaración durante varias horas para tratar de esclarecer las imputaciones que pesan sobre Reyes de cohecho, malversación de fondos, prevaricación urbanística, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, explicaron a Efe fuentes del caso.

El ex alcalde de Yaiza, su esposa y tres de sus cuatro hijos fueron detenidos el pasado miércoles por agentes del Cuerpo Nacional de Policía que registraron durante varias horas su domicilio particular en la localidad de Femés, al sur de la isla, y un yate que se encontraba atracado en un puerto de Playa Blanca.

La instructora del caso ha decretado la libertad con cargos para la esposa del ex alcalde y sus tres hijos, que han permanecido detenidos e incomunicados en los calabozos de la comisaría de Arrecife hasta su traslado el Palacio de Justicia de Arrecife.

La detención del ex alcalde y sus familiares está relacionada con la denuncia que en su día presentó el ex consejero de política territorial del Cabildo de Lanzarote y actual secretario general del PSOE en la isla, Carlos Espino, que es investigada por el juzgado de instrucción número dos de Arrecife.

Espino denunció entonces al ex alcalde de Yaiza y al actual alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, de CC en base a un informe elaborado por los servicios jurídicos externos del Cabildo que en el que se le advertía de la posible comisión de varios delitos por parte de los citados regidores municipales.

Se acusa al político de conceder más de 30 licencias  irregulares

El citado informe fue elaborado por el letrado Agustín Domingo Acosta Hernández, y en él se acusa al político ahora encarcelado de conceder irregularmente más de 30 licencias de obras y prórrogas de otras tantas caducadas entre los años 1998 y 2003.

En el informe se asegura también que algunos de los expedientes municipales de concesión de licencias demuestran que Reyes las otorgó el mismo día en que le fueron solicitadas, a pesar de que tenían informes negativos de los técnicos del propio Ayuntamiento y carecían del informe preceptivo y vinculante del Cabildo.

Al conocer el contenido del informe, el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo se presentó a finales de 2006 ante la Brigada Provincial de la policía Judicial Unidad de Drogas y Crimen Organizado, Grupo de Blanqueo de Capitales (Udyco) para denunciar los hechos supuestamente delictivos que desde entonces están siendo investigados.