El juez seguirá investigando a Cascos por presuntas injurias a la Policía
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El titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, seguirá investigando al exvicepresidente del Gobierno y exdirigente del PP Francisco Álvarez Cascos por presuntas injurias a la Policía, después de haberle tomado declaración hoy como imputado durante más de una hora.
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Así lo han señalado fuentes jurídicas, que han explicado que el magistrado está a la espera de que la Dirección General de la Policía le informe de quiénes son los agentes a los que Álvarez-Cascos definió en un medio de comunicación como "camarilla policial", que falsificaba pruebas del "caso Gürtel", para decidir si les toma declaración.
Se trataría de los policías que intervinieron en la localización del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán en Laos, y que hubieran participado en las investigaciones del "caso Gürtel".
El presidente del Foro Asturias ha contestado a todas las preguntas que le ha hecho el juez Santiago Torres y la fiscal que lleva el caso, Pilar Sánchez Roldán, y ha aportado una serie de documentos.
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Respecto a su no comparecencia ayer ante el magistrado, el exdirigente popular ha explicado que no fue intencionada y ha comentado que lleva treinta años dedicado a la función pública, que respeta el Estado de Derecho y que está a disposición del juzgado.
En cuanto al escrito presentado ayer por el abogado de Álvarez Cascos, Juan Ramón Montero, en el que reclama que se inhiba del caso el Juzgado de Instrucción número 44, que investiga desde 2009 los hechos que dieron lugar a las declaraciones del político, las mismas fuentes han precisado que antes de que el juez se pronuncie ha de darse traslado del mismo a la Fiscalía.
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Álvarez Cascos y su letrado no han querido responder a las preguntas de los medios de comunicación y el exdirigente popular se ha limitado a manifestar: "quiero ser amable, no voy a hacer declaraciones".
La citación de Álvarez Cascos se ha producido después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al magistrado reabrir la causa tras estimar los recursos de la Fiscalía y la Asociación Preeminencia del Derecho -que presentó la querella- contra la decisión inicial de Torres de archivar el caso, aunque después decidió apartarse de la causa.