Una jueza federal de Nueva York desestimó por segunda vez la demanda por daños interpuesta por España contra la compañía estadounidense que certificó como "apto" para transportar combustible al petrolero "Prestige", que hace ocho años causó un desastre ecológico en el noroeste del país europeo.

La juez Laura Taylor Swain falló en favor de esa empresa, American Bureau of Shipping (ABS), con sede en Houston (Texas) y a la que el Gobierno español pedía una indemnización de 1.000 millones de dólares por los daños causados por el desastre ocurrido el 19 de noviembre de 2002 tras el hundimiento de ese petrolero, con 77.033 toneladas de fueloil, frente a las costas de Galicia.

Swain, según se puede leer en ese fallo hecho público hoy, estimó que ABS no puede ser considerada legalmente responsable del hundimiento del petrolero, que en ese momento era propiedad de la corporación "Mare Shipping" de Liberia, había sido fletado por la firma suiza Crown Resources y navegaba bajo bandera de Bahamas.

El falló de la juez es su respuesta al recurso presentado el 3 de enero de 2008 por el Gobierno español, que recurrió una resolución de la juez del día anterior y en la que ya desestimaba esa demanda, que reclamaba compensaciones a ABS y a otras empresas afiliadas por considerar que actuaron de forma negligente.

ABS fue la empresa encargada de determinar si las condiciones del "Prestige", un barco con más de venticinco años y que tras su partida del puerto de Ventspils (Letonia) hacia Gibraltar sufrió daños estructurales, era apto para transportar su carga de combustible.

En la resolución de 20 páginas dictada ahora por la juez neoyorquina se señala que, según las leyes federales estadounidenses, las empresas de certificación como ABS no son las responsables cuando se producen ese tipo de desastres.

Asimismo consideró que la responsabilidad es de los propietarios de las embarcaciones, ya que bajo su cargo están las actividades que se producen en la nave, aunque sí admitió que se puede aplicar la legislación estadounidense en este caso.

La juez Swain aceptó el planteamiento español de que hay ramificaciones en el accidente del "Prestige" de cara a plantear peticiones "y reconoce el imperativo general de que se considere responsables a las partes apropiadas de los derrames que causan grandes desastres económicos y ambientales".

"No obstante, lo única cuestión para este tribunal es si una agencia de clasificación que presta servicios en nombre de un armador puede ser o no responsable legal de un accidente de este tipo en base a una certificación imprudente", planteó la juez.

Determinó que "las discusiones legales anteriores muestran que no pueden serlo, no hay distinción entre daños que se limitan a las partes privadas y los que son públicos. Por consiguiente, se acepta la petición de ABS".

ABS se dedica a determinar si las condiciones de los barcos son aptas para transportar la carga que tienen previsto llevar, y con ese fin inspecciona el diseño, fabricación y mantenimiento, según los estándares establecidos.

Una vez realizada esa tarea, ABS certifica el estado del navío y lo incorpora a su registro, lo que es tenido muy en cuenta por las compañías para el transporte de sus mercancías.