El juez impone comparecencias mensuales a los activistas que escalaron el Congreso

El juez Javier Gómez Bermúdez ha dictado la obligación de comparecer mensualmente en la Audiencia Nacional para los ocho activistas de Greenpeace que protagonizaron esta mañana una protesta contra la reforma de la Ley de Costas que se debatía en el Congreso, donde escalaron por su fachada hasta el tejado para desplegar una pancarta.

A los activistas la Policía les imputa un delito contra las instituciones del Estado por la acción, que ha consistido en acceder al recinto del Congreso saltando su valla en el momento que se discutía en el Pleno la reforma de la Ley de Costas, la cual, según critican los ecologistas, abre la vía a la privatización del litoral.

Además de decretar su libertad con la citada medida cautelar, el juez, que no les atribuye en su auto ningún delito concreto, ha dictado un oficio al presidente del Congreso, Jesús Posada, para que le informe sobre si efectivamente los activistas alteraron el normal funcionamiento de la Cámara.

Los activistas se dividieron esta mañana en dos grupos y mientras varios pretendían escalar los andamios que cubren la fachada trasera del Congreso, que está de obras, tres accedieron al tejado por los andamios de la fachada principal, donde uno desplegó una pancarta con el lema "El PP vende nuestra costa".

Uno de ellos incluso consiguió colgarse del frontispicio de la fachada, donde desplegó una pancarta con el lema "El PP vende nuestra costa".

Los ecologistas han salido de la Audiencia sobre las once de la noche tras declarar durante más de una hora ante el juez Gómez Bermúdez, en funciones de guardia, y han sido recibidos a las puertas por varios activistas de la organización que les han aplaudido.

Uno de los detenidos, Juande Fernández, ha explicado a los periodistas que con su acción querían poner de manifiesto que la reforma de la ley supone "una destrucción del medio ambiente".

"Simplemente un grupo de personas hemos puesto la cara a lo que cree una mayoría de la población"

"Simplemente un grupo de personas hemos puesto la cara a lo que cree una mayoría de la población, que dice que las costas deben ser de todos, que debe conservarse el dominio público", ha afirmado.

El activista ha mostrado su "sorpresa" de que se les haya trasladado a la Audiencia Nacional a declarar, porque considera que lo que han hecho es ejercer su derecho de manifestación.

Respecto a si ha sido complicado burlar la seguridad del Congreso, ha considerado que "no ha sido ni especialmente fácil ni difícil", y ha añadido que los que han escalado son personas con conocimientos de trabajos en altura.

El abogado de Greenpeace España, José Manuel Marraco, ha explicado por su parte que en sus declaraciones "ha quedado claro que lo que se ha hecho por parte de los manifestantes ha sido ejercer su derecho a la libertad de expresión y defender el derecho al medio ambiente".

"No ha habido ninguna perturbación del orden en las Cortes y por eso han quedado en libertad", ha indicado, y ha añadido que el juez ha indagado sobre las intenciones de los activistas, quienes le han asegurado que "su única intención" es que "que esa Ley de Costas que es un atropello no salga adelante".

"No ha habido ninguna perturbación del orden en las Cortes y por eso han quedado en libertad"

Tras la acción de protesta, el presidente del Congreso ha reconocido que se han producido "fallos de seguridad", el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido al Ministerio del Interior que cese al comisario jefe de la Cámara y la Confederación Española de Policía (CEP) ha elogiado la actuación de los policías.

La Policía imputa a los activistas un delito contra las instituciones del Estado del artículo 493 del Código Penal, que dice que "los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación" la sede del Congreso mientras está en actividad serán castigados con prisión de tres a cinco años.

La Audiencia Nacional ya se encargó hace meses de la investigación contra los organizadores de la convocatoria "Rodea el Congreso" de la coordinadora del 25S, celebrada el 25 de septiembre, en la que se produjeron incidentes con detenidos.

En esa ocasión, el juez Santiago Pedraz archivó la causa y enmarcó la protesta en el derecho a la libertad de expresión, "máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política", al tiempo que reprochó a la Policía sus "excesos" en la instrucción.