Las ventas del juego ilegal han aumentado desde el año 2011 un 21% hasta alcanzar los 84 millones de euros anuales, según un informe realizado por expertos del sector del juego público en España al que ha tenido acceso EFE.

El estudio muestra que la crisis ha elevado un 20% las personas en riesgo de exclusión utilizadas por el juego ilegal en los últimos dos años, hasta sumar unos 4.000 vendedores no autorizados.

De este modo, unos 100.000 consumidores compran y se enfrentan cada día a una situación de 'total indefensión' ante los juegos fraudulentos.

La crisis ha elevado un 20% las personas en riesgo de exclusión utilizadas por el juego ilegal en los últimos dos añosEl documento se basa en los datos obtenidos en toda España, sobre el número de vendedores de los distintos juegos ilegales, el número y precio de los productos, su imagen y sus ventas aproximadas.

La gestión del juego en España exige autorización administrativa previa de los órganos competentes en cada caso, que son la Administración general del Estado respecto a juegos de ámbito estatal, y las Comunidades Autónomas respecto a los que se desarrollan en su territorio.

En el ámbito estatal, la ley establece que sólo la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la ONCE y otras entidades que cumplen fines de interés general, como la Cruz Roja, tienen capacidad para realizar esta actividad.

La situación económica de los últimos años, el aumento del desempleo y las situaciones de dificultad de muchas familias han provocado un incremento del número de personas que son explotadas por estas redes ilegales de juego.

La mayoría de estas personas están en riesgo de exclusión social, sufre discapacidad -de las que se utiliza una imagen 'lastimera y de beneficencia'- y también situaciones extremas, como inmigrantes sin documentación, entre otros problemas.

La crisis ha disparado un 20% el número de personas que padecen esta explotación, que han pasado de 3.099 detectadas en los iniciosde 2012 a un total de 3.726 a finales de 2013.

La mayoría de estas personas sufren discapacidad, de las que se utiliza una imagen 'lastimera y de beneficencia'El número de organizaciones que realizan estas prácticas se mantiene (23 repartidas por toda España) y sus ingresos estimados han aumentado un 21% en ese mismo periodo, para saltar desde los 69,01 millones de euros anuales a principios de 2012 a 83,9 afinales de 2013.

Con estos datos, la inseguridad jurídica a la que son sometidos cada día más de 100.000 consumidores, la inmensa mayoría desconocedores de que adquieren un producto ilegal, es absoluta, ante 'la pasividad de las autoridades competentes'.

'La mayoría de estas organizaciones de actividad de venta de juego ilegal desarrollan su actividad con personas en grave riesgo de exclusión, utilizando métodos ligados a la mendicidad, sin apenas ningún tipo de traba o cortapisa, poniendo a la venta boletos que son una réplica casi exacta en formato, tamaño, grafía, etc..', recalca el análisis.

Son muy numerosas las ocasiones en las que compradores de estas organizaciones acuden a los vendedores de operadores legales, básicamente de la ONCE, a comprobar sus boletos e incluso a tratar de cobrarlos, al considerar que han comprado una lotería legal y reconocida, cuando esto no es así.

Se estima que los diversos juegos ilegales a través de redes minoristas tenían una recaudación total a finales de 2012 de 69.053.270 euros anuales en todo el territorio español, ligeramente por encima de los 67 millones recaudados en 2010, pero muy por debajo de los 83.969.834 estimados con los que se cerró la recaudación anual en 2013.

La cifra de vendedores que realizaban esta actividad ilegal crece de los 2.916 detectados en 2010 a los 3.099 de inicios de 2012, y se acerca a los 4.000 a finales de 2013.

La inseguridad jurídica a la que son sometidos cada día más de 100.000 consumidores es absolutaEl juego ilegal se mantiene también en muchas autonomías donde no sólo está estable, sino que crece ante la ineficacia o, en algunos casos, pasividad de la administración. Así, cinco provincias (Cádiz, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante y Murcia) aglutinan el 55,4% de los vendedores ilegales detectados en todo el país.

Por detrás de estas provincias y ya por comunidades, destaca el número de vendedores ubicados en Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña (entre 100 y 300 en cada región), seguidas de Madrid, Galicia, Castilla y León y Cantabria, con entre 50 y 100 vendedores cada una.

Se han detectado en todo el territorio nacional un total de 23 organizaciones y/o entidades con estructura destinada a la venta del juego ilegal, que realizan en la mayor de las ocasiones 'sin el menor pudor y temor a la actuación de las autoridades'.

La organización de mayor implantación es conocida como Organización Impulsora del Discapacitado (OID), que aglutina cerca de 3.000 vendedores de boletos ilegales (casi el 80 % del total), tiene presencia en todas la comunidades y alcanza una facturación de 67 millones (apenas 45 millones en 2010), el 78% del total facturado que se estima para el juego ilegal en España.

Por detrás de la OID se sitúan otro grupo de asociaciones entre las que destaca ANDA (con presencia en 10 CCAA); la OIDD, con presencia en 3; al igual que la conocida como ATM o las asociaciones OSDI, Papeletas Blancas o Aganey. Las restantes asociaciones (16) ejercen su actividad ilegal en un único ámbito territorial. ANDA suma más de 160 vendedores; Papeletas blancas alcanza los 126; La Paloma, cuenta con 92; FAMAC, operativa en Cataluña, con 84; Orda tiene 79 y las demás se sitúan por debajo de los 50 vendedores.