El Ejército israelí investiga a varios de sus altos mandos por haber autorizado un ataque aéreo en el que murieron 21 civiles palestinos de la misma familia durante la ofensiva "Plomo fundido" sobre la franja de hace casi dos años, informan hoy medios locales.

El coronel Ilan Malka, comandante de la Brigada Guivati durante la operación, fue interrogado ayer por primera vez por la sección de investigación de la policía militar, indica la edición digital del diario "Yediot Aharonot".

Lo hizo con motivo del bombardeo, en cuya decisión participó, de una casa donde los propios soldados israelíes que realizaban la operación habían apelotonado a unos cien miembros de la familia Al Samuni, en el barrio de Zeitún, en Gaza capital.

El coronel Malka dijo a los investigadores policiales que desconocía que hubiese civiles en la vivienda cuando ordenó el ataque.

La decisión fue tomada desde un centro de operaciones a partir de imágenes que proveía un avión no pilotado, según la reconstrucción de los hechos que publica hoy la periodista israelí Amira Hass, del "Haaretz", con base en testimonios de testigos palestinos y de cinco soldados israelíes que hablaron bajo condición de anonimato con la ONG Shovrim Shtiká (Rompiendo el silencio).

El bombardeo recibió luz verde pese a que los soldados sobre el terreno sabían que la vivienda estaba llena de civiles y los habían visto salir a buscar agua.

El mando en el centro de operaciones interpretó que dos miembros de la familia que subieron al tejado de una cabaña cercana para arrancar leña eran en realidad una célula de milicianos armados con granadas antitanque que debía ser abatida de inmediato.

La investigación comenzó hace unas semanas por orden del fiscal militar, el Brigadier-General Avi Mandelblit, y ha paralizado la prevista promoción de Malka al rango de brigadier general.

Una fuente de los servicios de seguridad citada hoy por el diario "Haaretz" asegura que las pesquisas del suceso son "material explosivo y muy sensible" porque apuntan bastante alto en el escalafón militar.

El pasado abril, en la investigación interna efectuada por cinco coroneles, el Ejército israelí concluyó que el bombardeo de la casa de los Al Samuni fue un error, pero que no cometió crímenes de guerra ni disparó de forma deliberada contra civiles palestinos.

El informe de la ONU elaborado por el juez sudafricano Richard Goldstone sí que acusó, en cambio, a Israel y al movimiento islamista Hamás, que controla Gaza, de "crímenes de guerra" durante la operación, en la que murieron unos 1.400 palestinos (en su mayoría civiles) y 13 israelíes.

Organizaciones de derechos humanos y los testimonios bajo anonimato de soldados israelíes que participaron en la contienda hablan de que se emplearon civiles como escudos humanos, se animó a tener el gatillo fácil y se emplearon armas prohibidas en zonas pobladas.

Para Yehuda Shaul, director de Shovrim Shtiká, la supuesta investigación de altos mandos muestra que los datos que su ONG y otros grupos de derechos humanos proporcionaron sobre lo que había pasado en Gaza están "por lo menos más cerca de la verdad que la versión oficial del Ejército".

"El hecho de que el caso haya llegado a un coronel es una prueba de que no se trata de temas aislados de soldados rasos, sino de una política general", agregó Shaul antes de reiterar la importancia de que la ofensiva sea analizada por un comité fuera de Israel.