Los inmigrantes creen que el plan de retorno recorta derechos

El plan de retorno voluntario de inmigrantes trabajadores no comunitarios, cuyo informe presentó ayer el Ministerio de Trabajo en el Consejo de Ministros, no convence a las asociaciones de extranjeros que hay en España. No convence en gran medida porque una de las condiciones del programa exige que los que se acojan a la medida renuncien a sus permisos de residencia y de trabajo.

"Conocemos a bastante gente que quiere volver pero creo que la mayoría no aceptará renunciar a sus permisos, sobre todo cuando les ha costado tanto esfuerzo conseguirlos", explica Raúl Jiménez, portavoz de la Asociación Rumiñahui Hispano-Ecuatoriana.

Es de la misma opinión Hassan Aribi, de la Asociación Solidaria Para la Integración Sociolaboral del Inmigrante. Este marroquí no encuentra las supuestas ventajas del plan que plantea Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración. Cree que son muy pocos los compatriotas que decidirán perder un derecho para ganar otro.

Además, los que se acojan al plan no podrán regresar a España en un mínimo de tres años. Pasado ese plazo, según explicó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, podrán de nuevo empezar los trámites de solicitud de residencia. Pasados cinco años, "tendrán derecho preferente".

Fuentes de Trabajo concretaron ayer que los que al cabo de cinco años soliciten otra vez los permisos lo obtendrán automáticamente "y recuperarán todos los derechos que tenían cuando vivían en España". La concesión automática sólo se aplicará a los que se esperen cinco años para volver.

El principal objetivo de la medida, que se pondrá en marcha en septiembre, es aligerar las listas del paro. Para ello, se dará a los inmigrantes que pierdan su trabajo la posibilidad de retornar a sus países sin perder la prestación por desempleo. Así, los que se acojan a él podrán recibir la prestación en dos plazos: el primero, con el 40%, lo cobrarán en España. El 60% restante lo tendrán al llegar a sus países.

Sin embargo, las contraprestaciones económicas tampoco complacen a las ONG. Algunas, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), dudan de que el plan se ajuste a la legalidad de la Ley de Extranjería. "En principio no parece lógico que para aprovechar un derecho como el paro sea necesario renunciar a otro, como el de residencia", reflexiona Mauricio Valiente, secretario general de CEAR.

Esta asociación aboga por políticas que flexibilicen el movimiento laboral de los trabajadores. "El mensaje lanzado por el Gobierno refleja una instrumentalización de la inmigración", añade.

Álvaro Zuleta, presidente de la Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo Por Colombia e Iberoamérica (ACULCO) va más allá y recrimina que los planes para inmigrantes se elaboren "sin contar con ellos". También lo creen en Rumiñahui: "El Gobierno no ha consultado a las organizaciones", lamenta su portavoz.

El Ejecutivo calcula que hay unos 100.000 inmigrantes en situación de acogerse al plan, porque ya están en paro o lo estarán en los próximos meses, señalaron desde Trabajo. Son conscientes de que no todos se apuntarán, pero creen que es probable que lo hagan unos 20.000.

La mayoría procede de Marruecos, Ecuador y Colombia, aunque hay hasta 19 países de fuera la Unión Europea con los que la Seguridad Social española tiene convenios bilaterales y por tanto sus nacionales podrían ser beneficiarios del proyecto. Quedan fuera los que lleguen del África subsahariana, por no existir convenios.