"Somos una empresa muy seria, respetuosa de la legalidad y con nuestras cuentas auditadas". Así quiso zanjar ayer Carmen Rodríguez, presidenta de la sociedad estatal española P4R, la polémica por la venta, en 2005, de trenes usados de Renfe y Feve a Argentina, que investigan los jueces de aquel país. La transacción, en la que se sospecha del cobro de comisiones ilegales por parte de funcionarios argentinos (la mayoría de los trenes, además, no se repararon y son hoy chatarra, según el diario Clarín), fue intermediada por la sociedad que preside Rodríguez, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Renfe matizó ayer que los trenes vendidos necesitaban "una gran reparación antes de su puesta en servicio", que debía hacerse "fuera de la red ferroviaria española".

"Hay que dejar que actúe la Justicia", dijo la presidenta de P4R, que subrayó que los emails interceptados en la investigación que citan a Juan Barba, director general de P4R, como conocedor del pago de "favores políticos "no son de nuestra compañía". "No voy a opinar sobre un tema que no conozco", zanjó.

En rueda de prensa en la Asociación de Periodistas Europeos para explicar la actividad de P4R, Rodríguez recalcó que la consultora, una sociedad anónima en la que los únicos funcionarios son los miembros de su consejo de administración y que asesora a empresas españolas en operaciones de internacionalización, está sujeta a un control mayor que el sector privado. Así, está sometida a auditorías del Tribunal de Cuentas. "Y es bueno", dijo.

Al acto no acudió el director general de P4R, cuya presencia avanzaban el pasado lunes algunas fuentes, pese a no estar invitado. En el Gobierno destacan la "impecable" trayectoria de Barba, salpicado por un escándalo que afecta directamente a Ricardo Jaime, ex secretario de Transportes del Ejecutivo del fallecido Néstor Kirchner, y que podría costarle el puesto a su entonces responsable directo, el aún ministro de Planificación, Julio de Vido.