La imputación por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo de la alcaldesa de Hernani (Guipúzcoa), Marian Beitialarrangoitia (ANV), que deberá declarar ante el juez Santiago Pedraz el 24 de enero, ha situado a esta formación política más cerca de su ilegalización.

Para el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, las palabras de Beitialarrangoitia pidiendo un aplauso para los dos presuntos etarras Igor Portu y Martín Sarasola en un acto celebrado el sábado en Pamplona, constituye "una prueba que suma" a la hora de instar a la ilegalización de ANV.

No obstante, matizó que en "un proceso que toca la médula del sistema democrático" (la ilegalización de un partido político) es necesario "afinar" y agregó que por el momento "no existen pruebas definitivas".

Tras los últimos acontecimientos, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, consideró "evidente" que ANV está "más cerca de la ilegalización".

"Hemos estado atentos, vigilantes, trabajando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en el momento en que haya datos se va a interponer la demanda correspondiente", garantizó la vicepresidenta.

El presidente del PSOE, Manuel Chaves, subrayó que lo que "se pueda decir o hacer" en torno a ANV "no es una decisión del Gobierno", sino de la Justicia, aunque él observa una relación "muy directa" de ANV con la anterior Batasuna "y directa" con ETA.

Desde la oposición, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, dijo que la ilegalización de ANV es un proceso que está "cantado" y que obedece a una "estrategia política" del Gobierno para tratar de "salvar los muebles" de cara a las próximas elecciones.

A pesar de sus críticas, Zaplana sostuvo que si la actuación del Gobierno impide que los terroristas estén en el Parlamento "bienvenida sea", aunque "si se hubiera hecho a tiempo y bien" ahora "no estarían en el Parlamento Vasco ni en los ayuntamientos", puntualizó.

El secretario general del PP, Ángel Acebes, afirmó que el Gobierno ha retrasado la ilegalización de ANV "por razones de conveniencia política" y deseó que "por esperar al último momento" no se dificulte la investigación sobre otras posibles marcas electorales de Batasuna de cara a los comicios del 9 de marzo.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, pidió al Gobierno, al Ministerio del Interior y al fiscal general del Estado que no se dejen arrastrar por el "extremismo del PP" ni por "urgencias o preocupaciones electorales" y subrayó que debe existir una "base jurídica" para impedir a ANV concurrir a las elecciones.

Por su parte, el presidente del PNV de Vizcaya, Andoni Ortuzar, denunció "la utilización puramente electoralista y mercantilista" de las ilegalizaciones de las formaciones de la izquierda abertzale que se producen siempre a escasos dos meses de los comicios.

El candidato de ERC para las elecciones generales, Joan Ridao, criticó el "tufo electoralista" de una posible ilegalización de ANV y reclamó que "no se prive a una parte importante del pueblo vasco de su capacidad de hablar y de tener presencia en las instituciones".

El candidato de ICV-EUiA, Joan Herrera, calificó la hipotética ilegalización de ANV como "un error" y pidió, en su lugar, la unidad democrática en contra de ETA y que se mantengan "canales estables de expresión política" para la izquierda abertzale.