Iberdrola ganó hoy la primera batalla legal contra ACS. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó la demanda de suspensión cautelar del acuerdo adoptado por la última Junta de Accionistas de la eléctrica para impedir la entrada en su consejo de administración de un representante de Florentino Pérez.

En un auto de 14 páginas, contra el que cabe recurso de apelación, el magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, Marcos Bermúdez, concluye que 'la eficacia de los datos' aportados por ACS 'ha quedado enervada por las pruebas' de Iberdrola.

No obstante, el litigio no acaba aquí. El objetivo de la vista celebrada el miércoles será resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por ACS contra dicho acuerdo de las Junta de Accionistas de la eléctrica vasca. El grueso de la demanda se resolverá en el juicio, cuya fecha de inicio se conocerá en septiembre.

El auto dictado hoy representa, en cualquier caso, un contratiempo para ACS, ya que el juez se inclina por dar la razón a Iberdrola. La eléctrica vasca ha justificado el veto a la entrada en su consejo de administración de un representante de la constructora en el hecho de que mantiene con ACS un conflicto de intereses 'estructural y permanente' en sectores como energías renovables e ingeniería.

La defensa de Florentino Pérez limitó, en la vista, ese conflicto a la categoría de 'accesorio y puntual'. A falta del análisis profundo en el juicio de los informes periciales, el juez ha concluido en este primer trámite del proceso que, 'por el momento, no ha quedado acreditado que el conflicto de intereses entre las corporaciones implicadas sea sólo puntual y accesorio, como mantiene la demandante'. Y dice más: 'Al menos indiciariamente, parece que existe un conflicto económico de gran entidad entre ambos grupos que justifica la destitución del consejero nombrado por ACS'.

ACS, que es el primer accionista de Iberdrola (12%), tendrá otra oportunidad en el juicio, ya que, según Marcos Bermúdez, si probara que el conflicto es 'accesorio y secundario', 'su demanda sería estimada y anulado el acuerdo de destitución de su consejero'.

El magistrado también basa su negativa a suspender cautelarmente ese veto en que las 'repercusiones económicas derivadas son muy elevadas'. ACS estima que su expulsión le ocasiona un perjuicio de 4.000 millones de euros, mientras que Iberdrola cree que tener a un 'competidor' en su consejo supondría un impacto negativo de 1.400 millones. 'Cuanto mayor sea la injerencia de la medida cautelar, mayores deben ser las cautelas necesarias para adoptarla', arguye el juez para rechazar la demanda de suspensión de ACS.